El Ejecutivo nacional no dio curso a la normativa que había acordado con la CGT en cuanto a una instancia previa al despido con el empresariado, publicado en el Boletín Oficial a principios de noviembre de 2018. ¿Por qué?
El Gobierno desactivó el decreto que estableció que “los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Trabajo”. Lo había firmado de manera conjunta con la CGT y el sector empresario. Este, se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1043/18 y era parte del acuerdo con el que había “sellado la paz social” con la central obrera para diciembre junto con el bono de fin de año.
Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT manifestó: “El problema de la falta de reglamentación es que los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”.
La normativa en cuestión, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre de 2018, establecía un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días previo a hacerla efectiva.
El espíritu del decreto era habilitar instancias de diálogo previas a las cesantías individuales. La nueva instancia administrativa intentaba además cubrir un bache normativo respecto de las cesantías individuales dado que para los despidos masivos la legislación vigente contempla la obligación para las empresas de solicitar antes la apertura de un procedimiento preventivo de crisis.
Pablo Smurra, asesor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dijo tener constancia de compañías que habían enviado la notificación a la repartición pública a la espera de un llamado que nunca llegó, por lo que cumplido el plazo de diez días los despidos quedaron ratificados con el pago de la indemnización correspondiente. El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, señaló: “El mecanismo de informar antes de despedir no surtió ningún efecto. Solo evidenció la ausencia de una política del Gobierno frente a la crisis de empleo o, lo que es lo mismo, un permiso para que los empresarios despidan sin consecuencias”.