🔴El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó el Decreto 612/26 y sostuvo que la medida restringe los recursos destinados al funcionamiento de las organizaciones sindicales. El dirigente afirmó que la normativa forma parte de una estrategia del Gobierno nacional para limitar la capacidad de acción colectiva y la autonomía de los trabajadores.🔵
Tras la publicación del Decreto 612/26 por parte del Gobierno nacional, que modifica la base de cálculo de los aportes de los trabajadores, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, salió con los tapones de punta a criticar la medida y denunciar una nueva embestida de la gestión Milei contra la organización de los trabajadores en defensa de sus derechos y las entidades sindicales.
En este sentido, Godoy afirmó que: “El Decreto 612/26 forma parte del ataque del Gobierno a la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, al dificultar la obtención de recursos para el funcionamiento de las organizaciones sindicales, en particular los provenientes de los aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo”..
En esta línea, el dirigente recordó que “la reforma laboral impuso un tope del 2% de las remuneraciones para los llamados ‘aportes solidarios’. Luego, el Decreto 407/26 restringió aún más ese límite al disponer que el tope debía calcularse únicamente sobre el salario básico de convenio, que por definición es inferior a la remuneración total de cada trabajador”.
Para Godoy, “ahora el tope del 2% debe calcularse sobre el salario básico de convenio más los adicionales de periodicidad mensual y de base convencional (antigüedad, presentismo, bonificación por título, etc.), pero quedan afuera otros rubros que forman parte de la remuneración de un trabajador (horas extras, aguinaldo, premios por producción, etc.)”.
“Ambos decretos son inconstitucionales. La diferencia es que la inconstitucionalidad era más evidente en el caso del Decreto 407/26 que en el del Decreto 612/26. En otras palabras, el Gobierno sigue intentando restringir las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales, como parte de un ataque que comenzó con el DNU 70/23, cuya impugnación judicial continúa a la espera de una sentencia de la Corte Suprema”, sostuvo Godoy.
Finalmente, el titular de la CTA-A aseveró que “queda en evidencia que al Gobierno parecen molestarle menos los aportes a cargo de los empleadores que aquellos que se imponen a los trabajadores. Esto forma parte de una estrategia destinada a fortalecer prácticas antisindicales. Cuando el financiamiento proviene del aporte de los trabajadores, la autonomía sindical es mayor que cuando depende de contribuciones patronales”.