Los Camioneros anunciaron una movilización que aun no tiene ni lugar ni hora, para el 22 de febrero, con motivo de «defender el convenio colectivo» por el cual se encuadran los trabajadores de la actividad. Desmintieron que esto sea por causas judiciales contra Hugo y Pablo Moyano.
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros anunció que el 22 de febrero va a realizar una «masiva movilización» en defensa de «todos y cada uno de los artículos del convenio colectivo laboral 40/89 y la preservación de los empleos”. Aun no se definió el lugar y la hora de la protesta.
El propio gremio, además, desmintió “de forma rotunda» que la movilización haya sido prevista ante algún tipo de «acorralamiento judicial» sobre Hugo y Pablo Moyano.
La organización sindical difundió un comunicado para explicar los motivos de la convocatoria a la marcha de febrero, ante «la andanada de versiones, twitters y cables mediáticos con inventos y pretextos judiciales para realizar la protesta».
«En un contexto económico desfavorable a los intereses y necesidades de la mayoría de los trabajadores de las diversas ramas, habrá una movilización de protesta», dijeron.
El documento también señaló que «el trabajo representa la suprema dignidad del hombre», por lo que «el gremio camionero ratifica hoy y siempre que en la comunidad argentina solo existe una sola clase de hombres: la de quienes trabajan», concluyó.
La protesta, informó Camioneros, será en defensa de «una agenda de reclamos sindicales, la defensa del convenio colectivo de trabajo 40/89, la preservación del empleo de todos los camioneros y el reclamo de mejoras salariales», señaló el comunicado. La declaración lleva las firmas de los secretarios Gremial porteño y nacional, Marcelo Aparicio y Pedro Mariani, respectivamente, y el dirigente a cargo del área de Carretera y Larga Distancia de la organización, Omar Pérez.
El gremio avisó que esta medida de fuerza «no fue convocada en contra del gobierno o como mecanismo de defensa ante ninguna causa judicial sino por temas gremiales, como el intento patronal de quitar el 0,5 por ciento del ítem antigüedad».