El próximo lunes no habrá atención bancarios porque el gremio confirmó su adhesión al paro de la CGT y mantiene una lucha codo a codo con el Gobierno nacional. Palazzo reclamo un urgente cambio en la política económica.
Los bancarios confirmaron la adhesión al paro general de la CGT, el 25 de junio, en una jornada en la que las entidades financieras carecerán de concurrencia del personal. Lo confirmó Sergio Palazzo en un comunicado de prensa y exigió «un urgente cambio de la política económica».
El próximo lunes, durante el paro de la Confederación General del Trabajo, no habrá bancos en el país y entre las manifestaciones de La Bancaria, se encuentra el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el veto a «la ley del tarifazo». Uno de los lideres de la Corriente Federal también exigió la derogación de la reforma previsional y paritarias libres.
Palazzo y Eduardo Berrozpe, firmantes de la misiva, convocaron a las comisiones gremiales, seccionales, consejo directivo nacional y a los trabajadores de la actividad al estado de movilización “para promover y garantizar el ejercicio del derecho constitucional de huelga» y avalaron «las medidas que, en ese sentido, adopten las 53 filiales» de la organización sindical. «El esquema económico del gobierno es devastador y, sin sustento en la economía real, destruye el trabajo, pulveriza el salario, perjudica y empobrece a la sociedad», sostuvieron desde el gremio bancario. El documento aseveró que el resultado de ese esquema económico «destruye fuentes y puestos laborales y provoca que haya menos y peores empleos; un creciente déficit comercial y fiscal; más deuda pública y privada; menos capacidad para afrontar los compromisos externos y progresiva liquidación de los fondos del sistema previsional».
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«También provoca especulación financiera y fuga de capitales; disparada del dólar y devaluación del peso; recesión e imparable inflación interna; caída del poder adquisitivo del salario de activos y jubilados; alimentos, gas y otros combustibles más caros; tarifazos en servicios públicos imprescindibles; costo usurario de los servicios financieros; alquileres y créditos hipotecarios más onerosos; deterioro del patrimonio de la banca y empresas públicas y alteraciones en la cadena de pagos y cheques rechazados», afirmó.