El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) dispuso prorrogar por un año la prisión preventiva del ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar «Caballo» Súarez, quien cumplía esta semana los dos años de encarcelamiento preventivo previstos por la ley.
Suárez quedó detenido el 13 de septiembre de 2016 por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita en el manejo de fondos correspondientes al sindicato que también fue intervenido por decisión judicial y del que fue corrido el gremialista. El juicio oral podría comenzar en los primeros meses de 2019.
En su resolución, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñíguez indicaron que la ley prevé prolongar las prisiones preventivas en causas complejas y argumentaron que existen riesgos procesales de que Suárez entorpezca la investigación, en caso de ser liberado.
A raíz de esa decisión judicial, se encendieron varias alarmas en importantes despachos del sector naviero. Sucede que desde el entorno de Suárez confirmaron que el sindicalista empezó a negociar convertirse en arrepentido y aportar información en la Justicia de todas las operaciones que el sindicato realizó especialmente a partir de 2004 y hasta el fin del gobierno de Cristina Fernández.
Varios empresarios serían sindicados como partícipes de distintas maniobras, pues dentro de las listas de empresas comprometidas en distintos ilícitos relacionados con la obra pública habría al menos cuatro navieras. Canicoba Corral parece empeñado en avanzar en dirección a la pata empresaria y en el accionar de al menos tres gremios del sector que se convirtieron en socios incondicionales de Suárez y cuyos históricos dirigentes aún siguen en funciones.
La cuestión radica en que todos los emprendimientos empresarios del «Caballo» fueron realizados en sociedad o al menos con acuerdo de los principales popes empresarios de rubros como el remolque marítimo, el transporte de hidrocarburos marítimo y fluvial, el transporte de cargas en barcazas y el amarre de embarcaciones con la anuencia de las autoridades de la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial que fueron rotando por el cargo durante la gestión kirchnerista.
Suárez estuvo al frente del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), uno de los 12 sindicatos que nuclea al personal embarcado y terrestre de la Marina Mercante, pero el único con llegada directa al poder político central y por lejos el más aceptado por el resto de la dirigencia gremial nacional.
El «Caballo», está acusado de una serie de irregularidades cometidas presuntamente en perjuicio de su gremio, como también del delito de «entorpecimiento de las vías navegables». Está imputado como jefe de una asociación ilícita.
Según el juez Rodolfo Canicoba Suárez transformó al sindicato en un pool de empresas. Bajo distintas formas societarias el sindicato llegó a tener negocios navieros, empresas de remolque, agencias marítimas, un buque escuela, una escuela de capacitación en sociedad con el Centro de Capitanes de Ultramar (que funciona hasta ahora), miles de hectáreas de campo, hoteles y otros emprendimientos. Todo siempre en forma abierta y con decenas de funcionarios nacionales y hasta bandas de música militares enmarcando cada evento.