ATE-Río Negro:  Jornada provincial de protesta

ATE de Río Negro leva a delante una jornada provincial de protesta de los organismos nacionales en rechazo al decreto que le permite el pase a plata permanente a la alta Dirección del Estado.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro realiza hoy una jornada provincial de protesta de los organismos nacionales en repudio a el decreto 788/19  que firmó el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, decreto que permite el pase a planta permanente a la Alta Dirección del Estado.

Para el sindicato es una inmoralidad la acción del Gobierno de Cambiemos, que a pocos días de retirarse crea un régimen especial para conferir estabilidad a los directores generales por cinco años. 

Rodolfo Aguiar, secretario general adjunto de ATE Nacional resaltó: “Este decreto pretende perpetuar a los altos funcionarios de un gobierno que se cansó de menospreciar  a los estatales, calificándolos de grasa militante y de ñoquis. Multiplicó los despidos dejando a miles de familias en la calle y resulta que ahora se agarra con uñas y dientes al poder”, y retomó las palabras del, recordando que “los que hablaban de una grasa militante que no existía, terminaron creando la sushimilitancia”. 
El sindicato también manifestó su repudio absoluto al apoyo que UPCN otorgó a esta medida, al firmar con el gobierno un acta paritaria donde se habilitó el ingreso y permanencia al personal jerárquico a una carrera paralela, la Alta Dirección Pública (ADP), diferente del sistema de administración pública común (SINEP) .
Es así que en las calles, ATE demanda la anulación de esta norma que, además, prevé indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos en caso de que se quiera remover de sus cargos a alguno de estos funcionarios, ya que al modificar el régimen para funcionarios jerárquicos del Estado, Macri establece que los cargos políticos que fueron nombrados permanecerán en su cargos como mínimo un año, caso contrario, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, desembolsando cifras millonarias y perjudicando al enorme conjunto de trabajadores.

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