La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona denunció al Gobierno de San Luis por el impedimento de ingreso de los vehículos y denunciaron “practicas feudales”. El reclamo también había sido de La Fraternidad con posterior adhesión de la Unión Ferroviaria.
La Fraternidad inició hace algunos días una denuncia contra el gobierno de San Luis –también del intendente de Lincoln- a raíz del impedimento de paso que tienen los trenes para el ingreso a la provincia. En ese rumbo, quien se sumó al fastidio fue la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona.
Desde el sindicato que conduce Omar Maturano, denunciaron que el gobierno puntano anunció que pondrá en cuarentena a los maquinistas que se transporten en el Belgrano Cargas. “En San Luis hemos decidido suspender el servicio de carga hasta que el Ministerio de Transporte de la Nación y la provincia se pongan de acuerdo. Nuestro personal es de las localidades del interior y cualquier medida arbitraria sanitaria pone en riesgo cumplir con las dotaciones de personal asignadas. No hay razón ya que cumplimos la norma sanitaria”, se quejó Omar Maturano, secretario General a nivel nacional del gremio.
Además
En el caso de la organización rural, disparó contra el Poder Ejecutivo de San Luis, alegando «prácticas feudales» y que estas «atentan contra la cadena productiva, contraponiéndose al federalismo que debe primar en estos momentos donde todo el país está sumando sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus (COVID-19)», según publica la periodista rural Marianela Chimento, en el portal El Agrario. «Prácticamente bloqueó sus fronteras, no permitiendo el paso de maquinaria agrícola para realizar los trabajos de cosecha, afectando a numerosos productores que tienen campos o bien producen en esa provincia», se fastidió la CARTEZ.
La palabra oficial del Gobierno de Rodríguez Saá partió desde el ministro de Producción local, Juan Lavandeira, quien sostuvo que las “las maquinarias agrícolas ingresan a la provincia sin problemas” y sí defendió la postura la cual establece que trabajador que ingrese a la provincia, será sometido a la cuarentena, algo que por su parte La Fraternidad rechazó primero por ser considerado servicio esencial y decretado en el artículo 6° del 297/2020.
Por última, CARTEZ arremetió contra «esta grave situación donde una provincia con manejos feudales y un sentido mezquino ante una situación extrema como la que vive el país, y haciendo oídos sordos de una normativa nacional, una vez más muestra su desapego por el cumplimiento del sentido federal de la República».
Al reclamo de La Fraternidad se había sumado además la Unión Ferroviaria, por lo que son tres las organizaciones que repudiaron al Gobierno de San Luis.