🔵Los Abogados de la Administración Pública plantearon una sólida y dura editorial contra todos los actores del país que determinan la economía nacional. Mira🔴
La Asociación Gremial de Abogados del Estado, a través de su secretario general Rubén Ramos, planteó un durísimo escenario de interrogantes frente al trágico proceso inflacionario que reina en la Argentina. Los señalados en una contundente editorial son, básicamente, todos los actores de la vida política, comercial y sindical del país.
Las paritarias, el Mercado, el Gobierno y políticas poco durables y de “relativa eficacia” provocan un contexto de aumento del costo de vida que año tras año se torna insostenible. Las negociaciones colectivas se ubican por debajo de las góndolas, en la mayoría de los casos y según la AGAE, “la defensa del poder adquisitivo del salario requiere una readecuación de su estrategia, dadas las complejidades de la economía moderna”.
El Mercado, conjuntamente con el Gobierno, recibieron cuestionamientos desde la entidad que conduce Ramos. El gremio se planteó el “Por qué” de los aumentos de precios: “¿Cuál es la razón de semejante aumento? ¿Es un problema de “aumento de costos”? ¿Serán los costos de logística? ¿Los costos laborales? ¿El tipo de cambio?”. Claro, esto siendo un país productor de aliementos y con base en lo agropecuario.
“¿Qué justifica ese índice inflacionario en un rubro que resulta vital para los sectores de menores ingresos? ¿No será que la “propiedad del mercado”, concentrada en manos de pocas empresas en posición dominante, incentiva comportamientos rentísticos y le resta competitividad interna?”, insiste.
🔵Lee la editorial titulada: El papel del sindicalismo🔴
Roles históricos
Tradicionalmente, el rol básico del sindicalismo ha sido la defensa del trabajo como instrumento ordenador de la sociedad y del poder adquisitivo del salario que asegure una cobertura digna en la calidad de vida de los asalariados.
El primer objetivo se enmarca en las políticas públicas en materia de empleo que constituyen, a la vez, una componente vital en el diseño de la economía nacional: la acción sindical, como actor indispensable en este contexto, adquiere un carácter interactivo con el resto de los sectores involucrados (Gobierno, productores de bienes y servicios, etc.).
El segundo objetivo, la defensa del poder adquisitivo del salario requiere, según nuestro punto de vista, una readecuación de su estrategia, dadas las complejidades de la economía moderna.
Defensa del poder adquisitivo
Este rol fundacional y primordial de la acción gremial se limita, en términos generales, a simples confrontes de los índices inflacionarios con los salarios nominales, que luego son esgrimidos en las respectivas negociaciones paritarias para “recomponer” el poder adquisitivo: condición necesaria pero no suficiente para los tiempos que corren.
Insuficiente porque la contracara del poder de compra del salario es la inflación: esto así, porque al tiempo de esas “recomposiciones” que se traducen en un incremento salarial -calculados en base a la inflación pasada en un período determinado- no se ataca íntegramente el fondo del problema, porque si no se toman medidas enérgicas para detener el fenómeno inflacionario, éste vuelve a corroer el sueldo inmediatamente después de la firma del acuerdo salarial, provocando una nueva caída del poder adquisitivo hasta la próxima negociación: un círculo vicioso en el que siempre pierde es el trabajador/consumidor.
La extrema gravedad de la coyuntura: un ejemplo
A nadie escapa que la incidencia de la canasta alimentaria en el ingreso asalariado es el factor prioritario a considerar: es una verdad de perogrullo que un ser humano, ante todo, tiene que alimentarse.
Según datos del INDEC, en el año 2020, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 42,1%, de impacto dramático en los sectores de ingresos medios y bajos, dado que una altísima proporción de su ingreso se destina a ese rubro.
Con este simple panorama, comienzan entonces a plantearse los interrogantes: ¿cuál es la razón de semejante aumento? ¿es un problema de “aumento de costos”? ¿serán los costos de logística? ¿los costos laborales? ¿el tipo de cambio?
Todos imaginamos que, siendo nuestro país un importante productor de alimentos y de base agropecuaria, las variaciones del tipo de cambio (oficial) sobre esta industria es, en general, poco significativo.
También sabemos que el Gobierno mantiene congeladas las tarifas de electricidad, gas, agua, etc. al menos, desde el estallido de la pandemia; que los costos impositivos se mantuvieron inalterables, bajos o altos según opinión de cada uno, pero no sufrieron grandes modificaciones; y que el Gobierno realizó un esfuerzo gigantesco en auxilio de las empresas para abonar parte de los salarios.
Entonces, ¿qué justifica ese índice inflacionario en un rubro que resulta vital para los sectores de menores ingresos? ¿no será que la “propiedad del mercado”, concentrada en manos de pocas empresas en posición dominante, incentiva comportamientos rentísticos y le resta competitividad interna? ¿Es suficiente, entonces, que los representantes de los trabajadores continúen utilizando una estrategia limitada y de relativo alcance que poco o nada modifica el problema de fondo? ¿No será tiempo de comenzar a plantear acciones desde una mirada más amplia que reclamen salidas más estructurales?
El Gobierno apela recurrentemente a salidas de corto plazo y relativa eficacia, como son los acuerdos con los sectores formadores de precios: no alcanza porque sabemos que esos compromisos rara vez se cumplen y dejan al trabajador/consumidor a merced de la voluntad de esos sectores, que por lo general se apropian vía precio de la mayor parte del ingreso, que se transforma así en renta extraordinaria.
Desde nuestro punto de vista:
Es el Gobierno quien debe modelizar el mercado y no al revés.
Es el Gobierno quien debe intervenir las cadenas de valor, procurando su transparencia y desalentando actividades improductivas que resultan distorsivas-especulativas y generan aumentos injustificados de los precios.
Es el Gobierno quien debe romper “posiciones dominantes” del mercado, aplicando con todo rigor una legislación adecuada que permita un combate efectivo contra las formaciones monopólicas/oligopólicas.
Es el Gobierno quien debe determinar políticas tendientes a superar la imperfección del mercado de crédito, que impide acceder al financiamiento a proyectos de inversión rentables de los sectores pymes y minipymes que producen alimentos.
Si no se visualiza ese doble carácter de trabajador-consumidor, no se está entendiendo una parte sustancial que la actividad sindical hoy, más que nunca, requiere.