🔵Carlos Ponce presentó un proyecto para que el Telegrama laboral sea gratuito para los trabajadores y así aliviar la carga financiera en las comunicaciones entre empleado y empleador🔴
El tramita para cualquier relación laboral que le exija al trabajador comunicarse con su empleador es engorroso, sí; pero a la vez, en diferentes ocasiones puede resultar hasta un perjuicio económico que el primero en muchos casos no está en condiciones de afrontar.
Es el hecho, entre otros, de la comunicación de renuncia o cualquier carta documento que el empleado deba enviar a la empresa a la que le provee servicios. Carlos Ponce, ex vicegobernador de San Luis y actual diputado nacional, presentó un proyecto el cual ya posee media sanción en la cámara baja, que refiere a la gratuidad del telegrama para los trabajadores que necesiten realizar esta clase de acciones.
“Es importante porque muchas veces un trabajador se encuentra imposibilitado de acercarse al correo o bien ha fallecido y sus derechohabientes y/o convivientes podrán remitir todas las misivas y esto implica un ahorro importante para la familia trabajadora”, indica el proyecto de ley.
El puntano recordó que el proyecto de ley fue presentado en 2021 con dictamen favorablemente “pero perdió estado parlamentario por la renovación de los integrantes de las comisiones”. Esto fue tras las elecciones de medio término.
“Este año volvimos a presentar la iniciativa y nuevamente fue dictaminado con amplio consenso en las Comisiones de Legislación del Trabajo y Comunicaciones e Informática”, celebró Ponce ante la celeridad que necesita para poder ser tratado en la siguiente instancia y así efectivizar una nueva conquista en el esquema laboral.
El anterior proyecto de Ponce y que obtuvo cobertura de este medio fue el que propone la participación de los trabajadores en las ganancias y establece un 10% de piso del total de las ganancias de las empresas, en un proceso que podría durar hasta 10 años implementarse, ya que “no se puede medir a todas las empresas con la misma vara”.
La progresividad a partir de sancionarse la eventual ley es 2 años para aplicarla por parte de las grandes empresas; a los 4 años las Pymes tramo 1; y a los 6 años las T2; a las 8 años las pequeñas empresas y, finalmente, a los 10 años, las microempresas.