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La UOCRA declaró el estado de alerta por los 220 mil puestos de trabajo e instó a la responsabilidad y el diálogo tripartito

Advierte que las partidas presupuestarias del gobierno actual “están garantizadas hasta diciembre asegura la normal ejecución y continuidad de las obras en curso”

El gremio de la construcción liderado por Gerardo Martínez salió a evitar que se espiralise un conflicto social totalmente evitable y le subrayó a los empresarios que no “existen argumentos válidos que justifiquen la implementación de despido”.

“Instamos a la responsabilidad y el diálogo tripartito virtuoso entre gobierno, empresas y trabajadores con el objeto de alcanzar los consensos que posibiliten que este tema no sea una hipótesis de conflicto y se convierta en un acuerdo de políticas de Estado que apuntalé el desarrollo estratégico de nuestro país” manifestaron desde el gremio.

Mediante un comunicado oficial, la Comisión directiva central de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina manifiesta su preocupación respecto de la incertidumbre provocada por las manifestaciones mediáticas realizadas por el presidente electo, Javier Milei, en materia de política de obras públicas,que “de concretarse, pondrían en riesgo la continuidad laboral de 220.000 trabajadores constructores”.

En este marco, el documento esgrimido por la UOCRA le “advierte al sector empresario de nuestra industria, que el actual gobierno en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes hasta diciembre de este año, lo que asegura la normal ejecución y continuidad de las obras en curso, razón por la cual no existen argumentos válidos que justifiquen la implementación de despido, que en nada contribuye a la paz social a la que todos responsablemente debemos contribuir”

En esta línea, señalaron que “la industria de la construcción es un sector clave para el desarrollo del país dinamizador de actividad económica y multiplicador de empleo genuino, ya que genera más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos”.

Y argumentaron: “La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, un inversión, no un gasto. Más aún en un país como la Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico en materia de infraestructura que contribuya al desarrollo de nuestra economía y cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas”, concluye el comunicado.

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