🔵Patricia Bullrich pretende que las organizaciones gremiales paguen el costo de los operativos que se llevaron adelante para cumplir con el polémico protocolo antiprotestas🔴
En una medida que ha generado fuerte controversia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha intimado a diversas organizaciones gremiales, entre ellas la CTA Autónoma, Camioneros, la Federación Nacional Territorial, la Asociación Trabajadores del Estado, CONADU Histórica, y otras vinculadas a distintas centrales sindicales y movimientos sociales, a pagar multas considerables por su participación en las movilizaciones del 22 y 27 de diciembre. Las sumas ascienden a $56.760.282 y $40.419.227, respectivamente.
En respuesta a estas acciones, la CTA Autónoma denuncia persecución política y un intento de intimidación dirigido a la clase trabajadora. Se argumenta que estas multas, caracterizadas como «pagos solidarios», representan actos de hostigamiento gubernamental bajo la gestión de Javier Milei. La entidad sindical sostiene que la normativa en cuestión es inconstitucional y busca imputar a las organizaciones gremiales un delito que no han cometido, al tiempo que reafirma el derecho constitucional de los trabajadores a la protesta.
La CTA Autónoma ha presentado las correspondientes acciones legales para rechazar estas intimaciones. También ha elevado denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, una regulación que, según sostienen, establece sanciones por supuestos delitos no tipificados como tal en el Código Penal. La organización subraya que el Ministerio de Seguridad carece de la autoridad para modificar el Código Penal y establecer dichas penas.
En un comunicado, la CTA Autónoma repudia estas acciones como persecutorias, discriminatorias y abusivas por parte del Ministerio de Seguridad. Anuncian la intención de presentar nuevas denuncias ante organismos internacionales, como la OIT, argumentando que el protocolo viola derechos constitucionales relacionados con la acción sindical, la organización y el derecho a reclamar.
En un tono desafiante, la CTA Autónoma ratifica su convocatoria a un Paro y Movilización programado para el 24 de enero. El objetivo es exigir al Congreso Nacional el rechazo del DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, ambos promovidos por el presidente Javier Milei.
Se acusa al mandatario de gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso Nacional y pretender socavar los derechos laborales y sociales del pueblo argentino, llegando incluso a plantear la posibilidad de establecer un Estado de Sitio de facto. La situación plantea un nuevo escenario de tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales, alimentando el debate sobre el ejercicio del poder y los derechos fundamentales en el país.
Se acaba la fiesta muchachos. La prepotencia y la matoneria están agotadas. La dirigencia sindical debe respetar la ley. Pídanle a «ella» , al fugado y al perdido que los vengan socorrer. Hablan de dictadura cuando ninguno de uds padeció con los militares. Al contrario. Muchos colaboraron. Pregúntenle a Gerardo de la construcción como fue. Uds se comportan como Casildo Herrera. Mientras disfrutan del poder son revolucionarios. Cuando se pone pesada la mano dicen » me borré» y desaparecen , pero con los bolsillos llenos.