🔵El estudio, que surgió desde las entrañas de la CTA Autónoma, repasa el controversial DNU y la Ley Ómnibus. Repasa punto por punto🔴
La CTA Autónoma publicó un extenso informe de 47 páginas sobre los elementos que motivan al sindicalismo al rechazo del DNU y también al proyecto de Ley Ómnibus, que por cierto cuentan con varias cautelares en contra por presumirse anticonstitucionales.
El estudio fue realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), el IDEP de ATE Nacional, y el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma y revela detalles minuciosos sobre el derrotero que impulsa el Gobierno en materia laboral, social y económica para modificar por completo en espectro laboral en la Argentina y, de esa forma, también avanzar sobre uno de sus enemigos más acérrimos: los sindicatos.
El DNU incluye una reforma laboral que permite a los empleadores cambiar condiciones favorables establecidas en contratos individuales, incluso aquellas que superan los beneficios del convenio colectivo. Esta medida contradice el principio laboral de garantizar el cumplimiento conjunto de derechos, socavando la protección al trabajador para aplicar la norma más beneficiosa. Además, la reforma facilita la flexibilización al posibilitar la presión individual del empleador sobre el trabajador, alentando la renuncia a derechos laborales.
Otro de los aspectos subrayados por el estudio es sobre los despidos. El DNU busca modificar las normas que prohíben el despido discriminatorio, ahora exigiendo que el trabajador demuestre la discriminación alegada. En caso de comprobarse, el empleador deberá pagar una indemnización mayor, hasta un 100 % adicional, pero sin la obligación de reincorporar al empleado. Esta medida habilita el despido discriminatorio, infringiendo el principio de igualdad y no discriminación, plantea la central.
Jornada Laboral y periodo de prueba
Según el desarrollo del análisis, el DNU permite la desregulación de la jornada laboral, eliminando el límite legal convencional de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Autoriza a los convenios colectivos modificar estos límites y sugiere la creación de un banco de horas y francos compensatorios, posibilitando jornadas laborales más extensas sin recargos por horas extras, compensando el exceso con jornadas reducidas en otras semanas o días libres.
Actualmente, el periodo de prueba tiene una duración de tres meses y se registra como tiempo de servicio. El DNU propone extenderlo a ocho meses, sin exigir registro ni considerarlo como tiempo de servicio para fines laborales y de seguridad social. Esta medida ataca los derechos laborales al no requerir la registración del periodo de prueba, permitiendo que los empleadores contraten trabajadores eventuales por hasta ocho meses, sin costos al despedirlos, alegando estar en periodo de prueba.
Empleo Público y privatización
El DNU propone la privatización de empresas y sociedades del Estado, derogando leyes que garantizan la estabilidad laboral. La Ley Ómnibus identifica 41 empresas sujetas a privatización, donde los trabajadores perderían su estabilidad laboral al transformarse estas entidades en Sociedades Anónimas. La ley permite al Poder Ejecutivo intervenir, fusionar, transformar o eliminar organismos descentralizados, exponiendo a los trabajadores a posibles reestructuraciones. La Ley Ómnibus incorpora cambios en la Ley de Empleo Público respecto al personal en disponibilidad, afectando sus derechos laborales.
Criminalización de la protesta
Las reformas laborales propuestas en el DNU y en la Ley Ómnibus no solo afectan los derechos individuales, sino también los colectivos, en un contexto de persecución y criminalización de la protesta social. La Ley Ómnibus busca reformar el Código Penal para ampliar las imputaciones a quienes participan en manifestaciones, estableciendo restricciones a la protesta social. En este marco, el gobierno pretende avanzar en reformas que limitan derechos colectivos de los trabajadores, como el derecho de huelga, las asambleas en el lugar de trabajo y las actividades sindicales.
En cuanto al derecho de huelga, se propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo considerando como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos, invirtiendo la lógica al establecer una presunción a favor de la justificación del despido. Además, se amplía el listado de actividades consideradas esenciales o trascendentes, limitando el ejercicio del derecho de huelga. La Ley Ómnibus también establece el descuento proporcional de haberes por días de huelga para los trabajadores del Estado, desincentivando su participación.
En cuanto a las asambleas, el DNU busca reglamentarlas en la Ley de Asociaciones Sindicales, condicionando su realización para no perjudicar las actividades normales de la empresa.
En relación a las actividades sindicales, la Ley Ómnibus propone una reforma en la Ley de Empleo Público que podría interpretarse como una limitación a la participación sindical en elecciones y actividades partidarias, restringiendo la actividad sindical en los lugares de trabajo.