🔵La Fempinra desafió a la ministra de Seguridad ante las sorprendentes multas que pretende aplicar y ratificaron su adhesión al paro general del 24 de enero, impulsado por la CGT🔴
En un giro desafiante, la FeMPINRA, liderada por Juan Carlos Schmid, respondió contundentemente a la intimación realizada por Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, en relación a los supuestos costos operativos de la marcha convocada por la CGT, el 27 de diciembre a Tribunales. La respuesta de la federación se materializó a través de una Carta Documento que no solo rechaza las acusaciones, sino que también señala la falta de diálogo por parte del Gobierno.
En un encuentro celebrado esta tarde, los sindicalistas ratificaron la decisión de llevar a cabo un paro y movilización el 24 de enero frente al Congreso Nacional. Este movimiento se enmarca en el debate y tratamiento legislativo del «DNU y de la Ley Ómnibus», temas que comenzaron a debatirse en comisiones la semana pasada.
La Carta Documento presentada por FeMPINRA desestima de manera categórica la demanda del Ministerio de Seguridad. «Lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, se ocupan en criminalizar la protesta social», resalta Schmid. El líder sindical señaló que la demanda ministerial asume facultades e incumbencias ajenas al poder ejecutivo, adentrándose en cuestiones de legalidad e inconstitucionalidad.
La federación, que agrupa a más de 20 sindicatos portuarios, marítimos y fluviales, afirmó en la Carta Documento que la marcha del 27 de diciembre es plenamente legítima y se desarrolló sin incidentes que justifiquen la intervención de las fuerzas de seguridad. Asimismo, niegan cualquier deuda económica, refutando la cifra de $40.419.227,56 reclamada por el Ministerio de Seguridad.
Desde FeMPINRA, enfatizaron que la medida presentada por el Gobierno carece de sustento fáctico y jurídico, ignorando derechos fundamentales como el de defensa y buscando socavar la institucionalidad y la legalidad de la función sindical. Aseguran que la deuda reclamada es «inconstitucional, persecutoria, ilegal e infundada».
La federación concluyó su comunicado haciendo un llamado a la reflexión y reconsideración por parte del Gobierno, calificando la intervención ministerial como un «acto de injerencia impropio» que obstaculiza el normal tránsito del diálogo necesario para abordar la crisis actual. Además, anunciaron su intención de ampliar la denuncia ante la Confederación General del Trabajo y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), poniendo de manifiesto la ilegitimidad de las resoluciones en las que se basa la acción del Ministerio de Seguridad.