🔵El nuevo decreto del Gobierno elimina la obligatoriedad de contratar serenos de buques. El gremio ya comenzó con las acciones judiciales🔴
El Gobierno nacional, mediante el Decreto 37/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estableció el nuevo Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), en el cual fija un nuevo marco regulatorio para una supuesta modernización de las normativas del sector. Entre los cambios más significativos, el decreto deroga la obligatoriedad de contratar serenos de buques.
De acuerdo con los fundamentos del decreto, el objetivo es simplificar procedimientos, reducir costos operativos para las empresas y alinear las normativas nacionales con los estándares internacionales. Sin embargo, esta decisión golpea al modelo laboral argentino y generó un fuerte rechazo por parte del Sindicato Único de Serenos de Buques –SUSB-, conducido por Antonio Ivaldi, quien advirtió sobre las graves consecuencias laborales y de seguridad que trae consigo la medida.
“La eliminación de la obligatoriedad deja en la calle a más de 600 trabajadores y debilita el control de las actividades portuarias, particularmente en buques de bandera extranjera. Los serenos cumplen un rol fundamental como auxiliares de la Prefectura Naval, controlando ilícitos como el contrabando y daños ambientales, funciones que las empresas privadas no pueden garantizar de manera independiente”, expresó Ivaldi.
El SUSB también destacó que la decisión beneficia exclusivamente a empresas extranjeras, quienes incrementarán sus márgenes de ganancias sin reinvertir en el país. “El sereno de buque es el único que, de manera independiente, realiza denuncias sobre irregularidades, lo que asegura transparencia en las actividades marítimas. Sin esta figura, se pierde un elemento esencial en la protección de los intereses nacionales”, agregó el líder sindical.
Ante esta situación, el cuerpo de abogados laborales del sindicato comenzó un proceso de acciones judiciales, que inició con la presentación de una medida cautelar para frenar la aplicación del decreto. Paralelamente, Ivaldi se encuentra en diálogo con autoridades portuarias y provinciales con el objetivo de dar marcha atrás a lo que significa un golpe fuerte –más- al trabajo argentino. “No solo defendemos los puestos de trabajo, sino también la seguridad en los puertos, que es una función esencial del Estado”, concluyó Ivaldi.