🔵José Voytenco denunció penalmente a funcionarios nacionales por abandono de persona y administración fraudulenta, tras el fallecimiento de un paciente oncológico, lo cual constituye el primer muerto del Gobierno ante la inacción propiciada por su propia gestión🔴
UATRE presentó una denuncia penal contra tres funcionarios del Gobierno nacional, responsabilizándolos por la muerte de José Alfredo Garavento, un afiliado oncológico cuya quimioterapia fue interrumpida tras la intervención de OSPRERA.La impericia del Gobierno medida, ocasionada por la irrupción estatal en la obra socialestá pensada, según el gremio, como una clara disputa política por el control de la institución rural.
Garavento había sido diagnosticado con cáncer de colon en 2020, y luego de una cirugía y tratamiento, en 2023 los médicos detectaron una recaída.En mayo de 2024, retomó la quimioterapia con aplicaciones quincenales, provistas por la gestión de OSPRERA a través de Droguería Suizo.Pero tras la intervención, decretada por el gobierno de Javier Milei y encabezada por el interventor Marcelo Petroni, su situación cambió radicalmente.En enero de 2025, sin aviso previo ni justificación médica,Petroni cortó el suministro de medicación, dejándolo sin cobertura, mientras que tanto el paciente y sus familiares realizaron reiterados reclamos entre enero y febrero para que le restituyeran el tratamiento. Incluso UATRE intimó formalmente a Petroni mediante carta documento el 22 de enero, advirtiendo sobre el riesgo de vida.Sin embargo, la situación no cambió: Garavento falleció el 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo.
«Que la cara de José sea representación de muchos y que no haya más gente como él que con 58 años y tantos sueño por cumplir, le fueron negados por la obra social», apuntó la viuda del trabajador. «Que sus fotos recorran las redes, que los que debieron hacer su trabajo y no lo hicieron sientan un poquito de lo que estamos pasando nosotros. José con 58 años tenía mucho por vivir y además después de ver una tomografía y los marcadores ya casi normales se produjo ese terrible desenlace por incumplimiento con la medicación», se indignó la señora.
La denuncia penal presentada por UATREalcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo; y al propio interventor Petroni. Se los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta y abandono de persona seguido de muerte. El gremio señala que Petroni fue notificado formalmente de la situación crítica del afiliado y, aun así, decidió no actuar para garantizar las prestaciones médicas.
“Petroni sabía de que el afiliado se encontraba en riesgo (..) había sido notificado fehacientemente el 22 de enero de 2025, tenía por su rol de interventor el deber de cuidarlo y arbitrar los medios necesarios para garantizar las prestaciones médicas prescriptas. Sin embargo, no hizo nada, dejó al afiliado librado a su suerte, cortó el suministro de la medicación y luego ante la noticia de la situación de desamparo y el peligro para la vida omitió cumplir con sus deberes y prestarle el debido auxilio”, denunció Voytenco. La denuncia alcanza, además, a Lugones y Oriolo por “delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público – en calidad de coautores- y por el delito de administración fraudulenta – en calidad de partícipes necesarios-.”
El caso de Garavento no es aislado
UATRE advierte que son cientos los trabajadores rurales que desde la intervención sufren cortes masivos en tratamientos vitales, afectando especialmente a pacientes oncológicos, con HIV y hemofilia.
El secretario general de UATRE, José Voytenco, viene encabezando reclamos e intimaciones desde octubre del año pasado para exigir que la intervención garantice la cobertura médica de los trabajadores y sus familias, hasta tanto se resuelva la situación de fondo. Sin embargo, la ineficacia y las intenciones políticas del Gobierno se cobraron su primera vida.
El fallecimiento de Garavento expone de manera devastadora al Gobierno Nacional, que ante una puja política por el control de la obra social, abandonó a un trabajador, provocando su muerte.