🔵La reciente publicación en el Boletín Oficial genera fuerte preocupación entre trabajadores y empresarios del sector🔴
El DNU 236/2025, publicado el 31 de marzo, modificó los aranceles que se aplican a la importación de productos textiles, calzado e indumentaria desde fuera del Mercosur. En los papeles, el objetivo es bajar los precios internos, pero en la práctica, la medida abre la puerta a una competencia desigual que amenaza con devastar al sector productivo nacional.
La baja de los derechos de importación favorece a los importadores y grandes cadenas comerciales que podrán acceder a productos extranjeros a menor costo. Sin embargo, los fabricantes locales, especialmente pymes del interior del país, ya advierten que esto puede ser el principio de una nueva ola de cierres, suspensiones y pérdida de empleo.
Frente a este panorama, los gremios textiles —como AOT y SETIA— mantienen cercanía con empresarios del sector para analizar la situación. Ambos sectores coinciden en su preocupación y alertan que la medida fue tomada sin diálogo ni previsión. Desde ambos sectores se teme que esta desprotección lleve a una caída abrupta de la producción nacional y a una aceleración del desempleo industrial.
El decreto se apoya en una lógica similar a la que primó en los años noventa: abrir la economía con la expectativa de que el abaratamiento de productos beneficie al consumidor. Pero esa receta, sin políticas de contención o desarrollo industrial, ya demostró ser perjudicial para la industria nacional. En aquel entonces, la apertura indiscriminada dejó una estela de desindustrialización que aún pesa en muchas regiones del país.
En este caso, los puestos de trabajo que están en riesgo no son sólo números: se trata de miles de familias que viven de la industria textil, y que funciona como sostén económico en zonas donde no hay muchas alternativas laborales. El riesgo no es solo económico, sino también social y territorial.
Mientras el Gobierno argumenta que busca estabilizar precios, en los talleres y fábricas del país reina la preocupación e incertidumbre ante la posibilidad de que el Gobierno no implemente medidas que protejan la producción nacional y el empleo. El costo social de esta decisión puede ser demasiado alto.