🔵El gremio estatal demandó la inconstitucionalidad de dos artículos del Decreto 115/2025 que eliminan el convenio colectivo vigente y cambian el régimen laboral de los trabajadores🔴
La Asociación Trabajadores del Estado presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto 115/2025, que transforma a Yacimientos Carboníferos Río Turbio –YCRT- en Carboeléctrica Río Turbio S.A., una sociedad anónima bajo la órbita del Ministerio de Economía. El sindicato cuestiona principalmente los artículos 8 y 9 del DNU, porque vulneran derechos laborales fundamentales.
La presentación judicial fue sorteada y recayó en el Juzgado N° 73 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde ATE solicita que se declare la inconstitucionalidad de ambos artículos y que se mantenga la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 3/75 “E”, hasta que se firme uno nuevo de manera libre y voluntaria, tal como establece la legislación vigente.
“Es manifiesta la inconstitucionalidad de aquellos artículos que refieren al Convenio Colectivo de Trabajo. Hay una violación flagrante del derecho a la negociación colectiva y a la estabilidad del empleo público”, declaró el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en relación a la demanda presentada.
El decreto en cuestión establece que el nuevo vínculo entre la empresa y sus empleados será de derecho privado, bajo la Ley de Contrato de Trabajo, y fija un plazo de 180 días para negociar un nuevo convenio colectivo. Según el gremio, esta medida desconoce la ultraactividad del convenio vigente, y representa una regresión en derechos laborales amparados por la Constitución Nacional, la ley de asociaciones sindicales y varios convenios internacionales de la OIT.
Aguiar sostuvo además que el Ejecutivo no tiene facultades para derogar por decreto un convenio colectivo homologado, y que la situación reproduce lógicas de privatización ya vistas en los años noventa. “El Presidente no tiene facultades para dar de baja el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa, ni siquiera a partir de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. Incluso tenemos que recordar que la empresa funcionó durante más de 30 años y que en la década del 90 el Gobierno de entonces también decidió privatizarla, y a lo largo de la historia funcionó bajo distintas figuras. Sin embargo, jamás se alteró la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo”, apuntó.
La acción judicial también plantea que los más de 2.000 trabajadores activos y 1.500 jubilados vinculados a YCRT podrían quedar en un estado de indefensión, perdiendo beneficios adquiridos en materia de estabilidad, carrera laboral y condiciones previsionales. ATE advierte que de no intervenir la justicia, se consolidaría un grave retroceso en materia de derechos laborales.