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ATE denunció el “fraude laboral sin precedentes” ante la nueva normativa del Gobierno que regula las residencias médicas

🔵El gremio estatal se refirió a la Resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que regula de manera muy polémica las relaciones laborales, con becas precarizadas, las residencias medicas🔴

La Asociación Trabajadores del Estado se expresó acerca de la nueva normativa y reciente reforma del régimen de residencias médicas, implementada por la Resolución 2109/25, la cual replica un escandaloso atraso en las relaciones laborales en la medicina, al calificarla como “un fraude laboral sin precedentes en el Sector Público”.

“Con esta nueva figura, el Estado pretende evadir e incumplir con sus obligaciones laborales. Estamos frente a una contratación irregular de trabajadores, y la beca será utilizada para esconder la verdadera naturaleza del vínculo de trabajo”, denunció el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

La nueva figura implementada por el Gobierno ha causado verdadero estupor dentro de la comunidad y, en especial, en la medicina. Es que, sin dudas, el Gobierno busca eliminar cualquier vínculo de los trabajadores con el derecho laboral. Los residentes forman parte de un eslabón esencial dentro de la formación de médicos médicas en el sistema de salud. Los residentes son aquellos próximos profesionales destinados a curar, a prevenir, a investigar y a generar la cobertura necesaria para toda la ciudadanía del país.

Esto parte a raíz del conflicto en el Hospital Garrahan, un establecimiento modelo en formación, en prevención y atención medicinal a niños, niñas y adolescentes. Un hospital reconocido y valorado a nivel continental y una de las tantas aristas por las cuales la Argentina es motivo de orgullo. Destruir el Garrahan es realmente nefasto y marca a las claras una ideología que, seguramente, sorprende a los propios votantes de alguien que adelantó mucho de lo que iba a provocar, pero que los límites ya fueron cruzados hace rato.

El nuevo esquema plantea dos modalidades: la “Beca Institución”, que se paga sin aportes previsionales ni cobertura social; y la “Beca Ministerio”, que sí contempla descuentos y seguridad social, pero no permite bonificaciones ni adicionales. Desde ATE advierten que ambas opciones constituyen una estrategia para reducir costos laborales y debilitar derechos consagrados.

La intención sindical es recurrir a la vía judicial para frenar la aplicación del nuevo reglamento, en línea con los recientes fallos favorables que obtuvo el sindicato contra el DNU 430/25, que eliminaba el Día del Trabajador del Estado, y el Decreto 340/25, que intentaba limitar el derecho de huelga.

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