🔴“No permitiremos que se continúe vulnerando un derecho constitucional que es la base de la justicia social”.🔵
La Central de las y los Trabajadores de la Argentina y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma ha interpuesto una medida cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo, frente al incumplimiento sistemático del Gobierno nacional en convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En este sentido, desde las centrales obreras señalaron que el Ministerio de Capital Humano, presidido por Sandra Pettovello, “ha incumplido durante meses su obligación legal de convocar bimestralmente este espacio tripartito, violando el diálogo social establecido en la Ley 24.013 y el Convenio 144 de la OIT”. Además, resaltaron con indignación que ante “esta omisión deliberada ha convertido al salario mínimo en una herramienta ineficaz, que hoy se encuentra en su nivel más bajo desde la crisis de 2001”.
En esta línea, desde las organizaciones gremiales conducidas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy detallaron que “los datos son contundentes: el SMVM ha perdido más del 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Según informes técnicos, el actual salario mínimo de $322.000 apenas cubre el 58% de la canasta alimentaria, condenando a los trabajadores a la indigencia. Una familia tipo necesita casi cuatro salarios mínimos para superar la línea de pobreza”.
En este contexto, y ante la falta de respuesta a la cartas documento intimando su convocatoria las centrales obreras han resuelto recurrir a la Justicia. A través del Expte. N° 44581/25 – Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, donde exigen que se ordene la inmediata reunión del Consejo del Salario para:
📌 Determinar un salario mínimo que cumpla con el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, asegurando alimentación adecuada, vivienda digna, educación y salud.
📌 Aprobar los lineamientos para una canasta básica de referencia que garantice transparencia en las futuras actualizaciones.
Para finalizar, las dos CTA marcaron postura y afirmaron: “No permitiremos que se continúe vulnerando un derecho constitucional que es la base de la justicia social”.