🔴Pese a los incansables intentos de la gestión Milei por desfinanciar a las Universidades Nacionales, el poder Legislativo y el poder Judicial sostienen firme el financiamiento de las mismas.🔵
La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 49 Universidades Nacionales y ordenó al Gobierno Nacional y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esto implica: recomponer los salarios docentes y nodocentes y los montos de las becas para los estudiantes.
La medida cautelar dispuesta por la Justicia ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, que durante esa jornada cientos de miles de estudiantes, trabajadores y la sociedad en su conjunto se hicieron presentes en la plaza, para decirle: NO al Veto, defender la educación pública y el futuro de los jóvenes de la Argentina.
Para la comunidad universitaria, es un hecho muy importante que el Poder Judicial confirme que la Ley es aplicable y que no puede ser suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo; esto le dará una bocanada de aire fresco a las casas de altos estudios, que han sido uno de los objetivos principales del recorte de la gestión Milei.
“Necesitamos más que nunca mantener la inversión en el sistema universitario nacional si queremos pensar en el futuro de Argentina”, señalaron desde el sector universitario.
Pese a los innumerables intentos que tuvieron, tienen y seguirán teniendo desde la gestión Milei, para quitarle el presupuesto a las Universidades Nacionales, y romper con el reconocido sistema de Educación Publicas libre y gratuita (no arancelada) de la argentina, dos de los tres poderes de la República Argentina, le dijeron que no a las intenciones de Casa Rosada y le dieron el visto bueno a la Ley de Financiamiento Universitario.
La terquedad del Presidente Milei y de su funcionario es de público conocimiento por lo que no sorprenderá que siga sin girar los fondos correspondientes y ponga en duda la legitimidad de la Republica y el funcionamiento de los tres poderes.