🔵La decisión del Gobierno de avanzar con un fuerte aumento salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo desató el rechazo del sindicalismo estatal, en un contexto marcado por el ajuste fiscal, la pérdida de ingresos y los recortes presupuestarios🔴
El Gobierno nacional avanzó con un aumento salarial de entre el 60 y el 90% para los funcionarios del Poder Ejecutivo, una decisión que quedó plasmada en el Boletín Oficial y que generó una fuerte polémica política y sindical. La medida se conoció sin difusión previa de los montos finales y se da en un escenario atravesado por la crisis económica, la caída del poder adquisitivo y el ajuste aplicado sobre amplios sectores de la sociedad.
La decisión desató una inmediata reacción de ATE, que cuestionó el crecimiento salarial otorgado a la cúpula del Ejecutivo. Desde el sindicato estatal advirtieron que el aumento a los funcionarios contrasta de manera directa con la situación que atraviesan los trabajadores y jubilados, y denunciaron una doble vara en la política salarial del Gobierno.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la suba salarial profundiza el malestar existente en la administración pública y deja al descubierto una contradicción central del discurso oficial. Según el dirigente, mientras se impone ajuste, techo salarial y recortes en distintas áreas del Estado, los altos cargos del Ejecutivo se garantizan ingresos elevados con fondos públicos en un contexto social crítico
“Es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre. Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta”, reclamó Aguiar.
La polémica se inscribe además en el marco del Presupuesto 2026, recientemente aprobado, que consolida un esquema de reducción del gasto en áreas sensibles como educación, ciencia, tecnología y empleo público. Aunque el aumento a los funcionarios no forma parte explícita de la ley de gastos, la simultaneidad de ambas decisiones refuerza las críticas sindicales: el ajuste se aplica sobre el rol social del Estado y sobre los trabajadores, mientras la dirigencia política queda al margen de esa lógica de restricción.