🔵Un informe del Monitor de Respuestas Represivas expone el aumento de la violencia estatal contra la protesta social mientras la Justicia Federal puso límites al accionar del Ministerio de Seguridad🔴
Hace una semana se conoció una resolución de la Justicia Federal que representó un revés para el “protocolo antipiquetes” impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la actual senadora y por entonces ministra, Patricia Bullrich. El tribunal consideró que el dispositivo aplicado en manifestaciones constituye un régimen normativo “restrictivo del derecho a la protesta” y dispuso frenar su implementación. Pese a ello, el Gobierno nacional decidió apelar la medida para mantener vigente su aplicación.
El Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma difundió un informe que detalla el impacto concreto de esta política. Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad fue responsable de la represión de al menos 52 protestas callejeras, en las que las fuerzas federales hirieron a 2.382 personas y detuvieron a 229 manifestantes. A escala nacional, el relevamiento registra 103 represiones estatales a la protesta social, con un saldo total de 2.615 personas heridas y 363 detenidas.
Las cifras reflejan consecuencias graves y, en algunos casos, irreversibles. El informe incluye situaciones letales y de extrema gravedad, como la muerte de Fernando Martín Gómez durante un operativo en Güemes, Orán, Salta, en diciembre de 2024, y el emblemático caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad en marzo de 2025 durante una protesta de jubilados frente al Congreso. Además, se contabilizan al menos cinco casos de manifestantes que perdieron la visión parcial por el impacto de proyectiles disparados por fuerzas de seguridad.
El análisis interanual muestra una tendencia clara al alza. Mientras que en todo 2024 se registraron 50 represiones con 1.163 personas heridas, solo en los primeros diez meses de 2025 ya se contabilizaron 53 represiones y 1.452 heridos, lo que implica un incremento cercano al 25% en un período más corto.
A esto se suma el crecimiento de la criminalización de la protesta: hasta octubre de 2025 se registraron 491 detenciones de manifestantes, con un aumento del 88% en 2025 respecto del año anterior, incluyendo prácticas de detención prolongada más allá de las 24 horas legales.
En este escenario, el freno judicial al protocolo represivo aparece como un elemento clave frente a las luchas sociales en curso vinculadas al empleo, los salarios, las jubilaciones, la defensa de los recursos naturales y la resistencia a las reformas impulsadas por el Gobierno.