🔵El oficialismo formalizó el pedido de sesión para debatir la reforma laboral el 11 de febrero en el Senado y asegura que cuenta con los votos necesarios. Mientras tanto, la CGT endurece su postura, cuestiona el rol de los gobernadores y analiza medidas de fuerza si el proyecto se convierte en ley🔴
El Gobierno nacional confirmó que la reforma laboral se debatirá el próximo 11 de febrero en el Senado, luego de que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, formalizara el pedido de sesión para avanzar con el tratamiento del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Tras una reunión con jefes de distintos bloques parlamentarios, Bullrich afirmó ante la prensa que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. “Creemos que tenemos los votos”, se confió luego del encuentro del que participaron representantes del radicalismo, el Frente Cívico, el Frente Renovador de la Concordia y Despierta Chubut.
En ese marco, la legisladora señala que el proyecto se revisa “artículo por artículo” y remarca que existe un compromiso político para cerrar el dictamen en los próximos días. “Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó la ex peronista y macrista.
Mientras el Gobierno acelera el trámite parlamentario, la CGT endurece su posicionamiento y apunta directamente contra los gobernadores, a quienes responsabiliza por habilitar el avance de una reforma que considera regresiva para los derechos laborales. Desde la central obrera advierten que el respaldo de los mandatarios provinciales resulta clave para que el proyecto llegue al recinto y logre los votos necesarios.
En este contexto, la CGT analiza medidas de fuerza a nivel nacional en caso de que la reforma laboral sea aprobada. La conducción sindical sostiene que el proyecto avanza sin consenso social y reafirma que no convalida cambios que impliquen una pérdida de derechos para los trabajadores, anticipando un escenario de mayor conflictividad si el oficialismo logra convertir la iniciativa en ley.