🔵La decisión se inscribe en una postura más amplia de resistencia frente a lo que el dirigente cegetista sanjuanino considera un retroceso en materia de derechos laborales🔴
En un contexto atravesado por la discusión de reformas laborales y tensiones institucionales en San Juan, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos –SEP-, José Alberto Díaz, decidió avanzar en una definición que sacude el escenario sindical: asumir la representación del personal policial y del servicio penitenciario, sectores históricamente impedidos de sindicalizarse.
Díaz confirmó que el SEP notificó formalmente al Gobierno provincial, al Secretario de Seguridad y al Jefe de Policía que asumirá la representación sindical de las fuerzas de seguridad en sus reclamos salariales y laborales. Aunque la legislación prohíbe la conformación de sindicatos policiales en función de las particularidades del servicio, el dirigente sostiene que ello no impide la representación institucional en peticiones formales.
Hecho y dicho esto, el gremio ya solicitó un aumento del 100% para el personal de seguridad, argumentando que los salarios han quedado relegados frente a otras grillas estatales y que el carácter permanente de la función policial —más allá del horario formal— exige una recomposición acorde.
Reforma laboral en debate
El posicionamiento del titular del SEP también se vincula con su rechazo a las modificaciones laborales que se encuentran en debate este miércoles en el Senado de la Nación. Díaz cuestionó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implicaría un aporte del 3% financiado por el propio trabajador para cubrir indemnizaciones, en reemplazo del sistema tradicional. A su entender, el esquema facilitaría despidos y trasladaría al empleado el costo de su propia desvinculación. Asimismo, advirtió sobre la creación de un banco de horas que, según explicó, permitiría acumular horas extra sin pago inmediato ni fecha cierta de devolución, debilitando el principio histórico de la jornada de ocho horas.
El dirigente también apuntó contra medidas que, según denunció, afectan la libertad sindical. Señaló la intención de limitar asambleas, descontar del salario el tiempo destinado a deliberación y condicionar adicionales salariales —como el plus por productividad— a la no participación en medidas gremiales. Para Díaz, estas herramientas configuran un esquema disciplinador que reduce la capacidad organizativa de los trabajadores y consolida una lógica de control sobre el empleo público.
Al mismo tiempo, el secretario general del SEP repasó la batalla judicial iniciada tras las cesantías masivas en San Juan, que incluyeron 3.800 trabajadores, de los cuales 1.200 fueron reincorporados tras gestiones gremiales. El resto del conflicto continúa en la vía judicial, con expectativa de definición en instancias superiores. En paralelo, el gremio sostiene un proceso de expansión en el sector educativo y refuerza su estructura de asistencia en salud y seguros. En ese marco, la decisión de representar a sectores sensibles como la policía se presenta como un paso político e institucional de alto impacto, que posiciona a Díaz como uno de los actores sindicales más activos del escenario provincial.
