🔵Un informe difundido durante el fin de semana reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron 68.561 empleos en el sector público. El recorte no sólo impacta sobre trabajadores: también afecta áreas estratégicas, debilita organismos clave y reduce la capacidad operativa del Estado🔴
La política de ajuste impulsada por Javier Milei continúa mostrando efectos profundos sobre la estructura estatal. Según el último informe elaborado por el CEPA, entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la dotación de personal del Sector Público Nacional se redujo en 68.561 trabajadores, una caída cercana al 20% de toda la planta estatal. El dato refleja una tendencia sostenida durante toda la gestión libertaria y se traduce en un promedio de 75 despidos por día.
El informe sostiene que la reducción no se limita a una búsqueda de ahorro fiscal, sino que configura un proceso de desmantelamiento institucional que alcanza organismos, empresas públicas y áreas estratégicas para el funcionamiento del país. Los mayores recortes, en términos absolutos, se concentraron en la administración descentralizada, las empresas estatales y los organismos centralizados. Sin embargo, en términos porcentuales, el golpe más fuerte se produjo sobre la administración centralizada, es decir, las estructuras que dependen directamente del Poder Ejecutivo.
Entre las empresas públicas más afectadas aparece el Correo Argentino, con 5.449 desvinculaciones, seguido por el Banco de la Nación Argentina con 2.368 despidos y Aerolíneas Argentinas con 1.983 cesantías. También se registraron fuertes recortes en la Casa de Moneda, la Agencia de Publicidad del Estado, Belgrano Cargas y Fabricaciones Militares.
El estudio también destaca casos donde el ajuste adquiere una dimensión estructural. La ex Télam perdió el 79% de su personal, mientras que ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos registraron reducciones superiores al 45%. Según el documento, estas medidas implican un retroceso en la capacidad del Estado para producir información pública, desarrollar contenidos educativos, planificar políticas energéticas y sostener herramientas de comunicación federal.
La situación se replica en organismos técnicos y científicos. El ajuste alcanzó a la actual ARCA con 3.398 puestos eliminados, mientras que el CONICET perdió 1.953 trabajadores y la ANSES otros 1.844. También se registraron fuertes reducciones en el ENACOM, el INTI y el INTA. El informe advierte que estos organismos cumplen funciones esenciales para la investigación científica, el control regulatorio, la asistencia técnica a las pymes, el desarrollo productivo y la seguridad social.
Uno de los puntos centrales del trabajo es que la reducción de personal no sólo implica despidos, sino también una caída en la capacidad de respuesta de la Administración Pública. Menos trabajadores en áreas de fiscalización, control, investigación, asistencia social o infraestructura significan menores capacidades estatales para ejecutar políticas públicas, atender demandas ciudadanas y garantizar derechos. El caso de la Junta de Seguridad en el Transporte, que perdió casi la mitad de su personal, o el debilitamiento de organismos vinculados a la conectividad, la economía social y el acceso a la información son señalados como ejemplos concretos de este fenómeno.
El informe también llama la atención sobre áreas sensibles que históricamente habían quedado al margen de las políticas de ajuste. Los Estados Mayores de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea registraron más de 3.100 desvinculaciones en conjunto, generando interrogantes sobre las capacidades operativas y administrativas de las Fuerzas Armadas en un contexto de modernización pendiente.
