🔵La secretaria general de CONADU aseguró que el Gobierno nacional quedó «sin margen» para desconocer el fallo que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que un eventual desacato podría derivar en responsabilidades penales contra funcionarios. Además, consideró que el cambio en la Jefatura de Gabinete podría abrir una nueva etapa en el conflicto🔴
El extenso conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo. Luego del fallo judicial que ordenó al Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, la secretaria general de CONADU, Clara Chevallier, sostuvo que el oficialismo «tiene que cumplir» con la resolución y lanzó una advertencia que eleva el tono de la disputa: si el incumplimiento persiste, podrían impulsarse acciones penales contra los funcionarios responsables.
Las declaraciones llegan después de más de dos años de enfrentamientos entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria, un conflicto que tuvo como principales postales las históricas Marchas Federales Universitarias, los paros, clases públicas y las movilizaciones encabezadas por rectores, docentes, nodocentes y estudiantes en defensa del financiamiento de las universidades nacionales.
«Tiene que quedar claro que lo que está en juego es una acción penal hacia los funcionarios responsables, Sandra Petovello y Jefatura de Gabinete (Diego Santilli)», pronosticó.
Chevallier explicó en una entrevista en Radio Con Vos que, si el Gobierno mantiene un incumplimiento sostenido del fallo, el conflicto dejaría de limitarse a una discusión presupuestaria para ingresar en el terreno de las responsabilidades personales de quienes deben ejecutar la decisión judicial.
«Entiendo que lo tienen que cumplir, sobre todo porque la verdad es que se arriesgan acciones penales personales sobre los funcionarios«, remarcó en una reproducción periodística que realizó a través de sus redes sociales.
La dirigente consideró que el Ejecutivo quedó en una «encerrona» luego de la resolución judicial y que ya no tiene margen para desconocer una decisión de la Corte sin exponerse a nuevas consecuencias legales.
Un cambio de interlocutor
Chevallier también analizó el nuevo escenario político abierto tras el cambio en la Jefatura de Gabinete con la designación de Diego Santilli y consideró que podría existir una oportunidad para recomponer el diálogo entre el Gobierno y las universidades.
«Puede ser auspicioso el cambio de Jefatura de Gabinete«, señaló, aunque aclaró que todavía resta conocer cuál será la postura concreta de la nueva conducción frente al conflicto. Al mismo tiempo, cuestionó el rol que, según su mirada, desempeñó Manuel Adorni durante la disputa.
«Adorni era de los sectores más cerrados respecto de la negociación con las universidades y con cualquier actor. Adorni como un cruzado de la batalla cultural«, sostuvo.
Señales de cumplimiento
La secretaria general de CONADU aseguró que existen distintos indicios de que el Gobierno finalmente avanzaría con la ejecución de las partidas presupuestarias contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Recordó que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había anticipado que el Ejecutivo cumpliría si el fallo de la Corte quedaba firme. A ello sumó las declaraciones del diputado nacional y presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien manifestó durante una reunión de comisión que el Gobierno le informó que las partidas serían ejecutadas en la próxima liquidación salarial.
Sin embargo, Chevallier evitó dar por cerrado el conflicto. «A mí el título del Gobierno me genera suspicacias porque sabemos que hay muchos actores que tiran en distintos sentidos«, afirmó.
También llamó la atención sobre el silencio oficial desde que se conoció la resolución judicial. «Desde que salió el fallo, el Gobierno ha estado mudo«, señaló, al considerar llamativa la ausencia de declaraciones de funcionarios que durante el conflicto mantuvieron una fuerte exposición pública.
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Pese a esa cautela, la dirigente entiende que el escenario actual deja pocas alternativas al Ejecutivo y que el cumplimiento de la ley aparece como el único camino posible. Una definición que, según remarcó, también es consecuencia de la persistencia del reclamo de la comunidad universitaria, que durante más de dos años sostuvo un plan de lucha con movilizaciones masivas en todo el país para defender el financiamiento de la educación superior pública.
