🔵El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto inspirado en el mecanismo de «shutdown» estadounidense. Aunque la iniciativa aún no fue presentada, el anuncio abrió interrogantes sobre cómo podría impactar en el funcionamiento del Estado y, especialmente, en la situación de los trabajadores públicos🔴
El anuncio del presidente Milei en Neura sobre un eventual proyecto para incorporar un mecanismo de «shutdown» en Argentina generó preguntas sobre sus posibles efectos. Sin un texto legislativo conocido, no es posible determinar cuál sería su alcance. Sin embargo, la experiencia de Estados Unidos permite analizar algunos escenarios hipotéticos.
En el sistema estadounidense, un «shutdown» ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto o una ley de financiamiento. Como consecuencia, parte de la administración federal suspende sus actividades hasta que se destrabe el conflicto presupuestario. Los servicios considerados esenciales continúan funcionando, mientras que numerosas dependencias reducen o paralizan su actividad.
Uno de los principales interrogantes está vinculado con los salarios de los empleados públicos. En Estados Unidos, durante un «shutdown», los trabajadores de áreas no esenciales pueden ser licenciados temporalmente sin percibir su salario en ese momento, mientras que quienes cumplen funciones esenciales suelen continuar trabajando, aunque en algunos casos cobran una vez restablecido el financiamiento. Desde 2019, una ley federal garantiza el pago retroactivo de los haberes a los empleados federales afectados cuando finaliza el cierre parcial del Gobierno.
Si un mecanismo de características similares fuera implementado en Argentina, podrían plantearse distintos escenarios. Uno de ellos sería que parte de la administración pública viera interrumpidas sus actividades hasta la aprobación del presupuesto. En ese contexto, surgirían interrogantes sobre el pago de salarios, la continuidad de las tareas, las negociaciones paritarias y el funcionamiento de organismos estatales.
No obstante, trasladar el modelo estadounidense al sistema argentino no sería un proceso automático. La legislación vigente permite actualmente la prórroga del presupuesto cuando el Congreso no aprueba uno nuevo, una herramienta que ha sido utilizada en los últimos años para garantizar la continuidad de la administración pública. Un eventual «shutdown» implicaría modificar ese esquema y definir, entre otros aspectos, qué actividades serían consideradas esenciales, cómo se financiarían durante un cierre parcial del Estado y cuál sería la situación laboral de los trabajadores alcanzados.
La suspensión del pago de salarios, aun cuando una vez finalizado el shutdown se realice de manera retroactiva, sería un elemento de fuerte conflictividad en Argentina. Primero por el nivel de organización sindical en el Estado, con dos gremios grandes como ATE y UPCN pero además las demás restantes dentro de la Administración Publica. Sumado a ello, las consecuencias en las centrales madres.
Pero también, el depósito de haberes con supuesto delay se podría realizar en una economía como la de USA pero realizarlo en Argentina, en momentos de tensión, merma del poder adquisitivo, pérdida de puestos de trabajo y en un contexto de baja productividad, sería extremadamente sensible.
