🔵El análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina sobre la agenda del FMI en Argentina advierte sobre una serie de reformas que podrían tener impacto directo en la vida cotidiana. Las preocupaciones del movimiento sindical en esta nota🔴
La visita a la Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre el organismo y el Gobierno nacional. En este contexto, un informe elaborado por el CEPA analiza las metas fiscales, el endeudamiento y las reformas estructurales previstas en el marco del acuerdo, entre ellas modificaciones tributarias y una reforma del sistema previsional que preocupa al movimiento obrero.
Para las organizaciones sindicales, el debate excede las variables financieras y macroeconómicas. El principal argumento para cuestionar la agenda vinculada al FMI es que las medidas destinadas a garantizar el equilibrio fiscal y cumplir con las metas acordadas podrían terminar trasladando el costo del ajuste a los trabajadores, jubilados y sectores de menores ingresos.
La meta fiscal y el riesgo de profundizar el ajuste
Uno de los principales puntos señalados por CEPA es la situación de las cuentas públicas. El Gobierno cerró el primer semestre de 2026 con un superávit primario de $6,3 billones, por debajo de la meta acordada con el FMI, mientras que el objetivo establecido para diciembre exige alcanzar un superávit de $16,3 billones. Según el análisis del centro de estudios, la diferencia entre el resultado alcanzado y la meta anual plantea una fuerte exigencia para los próximos meses.
Este escenario genera preocupación en el ámbito sindical porque, ante la necesidad de incrementar el resultado fiscal, una de las principales vías podría ser una profundización de la reducción del gasto público. Para los gremios, esto puede traducirse en menor inversión estatal, restricciones presupuestarias, dificultades para recomponer salarios del sector público y una menor capacidad del Estado para sostener políticas destinadas a atender las necesidades sociales.
La discusión que plantean las organizaciones es, en este sentido, quién termina pagando el costo del cumplimiento de las metas fiscales.
Una reforma tributaria que genera interrogantes
Otro de los aspectos que despierta preocupación es la reforma tributaria que aparece dentro de la agenda vinculada al acuerdo con el FMI. De acuerdo con CEPA, entre las propuestas analizadas se encuentran la eliminación de exenciones impositivas, una reducción del umbral del Impuesto a las Ganancias para ampliar la cantidad de personas alcanzadas y modificaciones en el régimen del Monotributo. También se plantea la posibilidad de reemplazar Ingresos Brutos por un esquema de IVA dual.
Para el movimiento sindical, cualquier modificación de este tipo debe ser analizada desde el impacto que puede generar sobre los ingresos de los trabajadores. La preocupación central pasa por la posibilidad de que una mayor cantidad de asalariados quede alcanzada por Ganancias, especialmente en un contexto en el que los incrementos salariales buscan recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.
Desde esta mirada, los gremios sostienen que el salario no puede convertirse en una fuente creciente de recaudación mientras los trabajadores continúan enfrentando el aumento del costo de vida. Una eventual ampliación de la cantidad de personas alcanzadas por el impuesto podría significar, para determinados sectores, en salarios más deteriorados.
La reforma previsional, una de las principales alertas
El informe de CEPA también identifica una propuesta de reforma previsional dentro de la agenda del FMI. Según el documento, el organismo ya cuenta con una base de propuesta y el Gobierno debería presentar un proyecto final hacia fines de 2027. Aunque todavía no se conocen los detalles definitivos de una eventual reforma, su incorporación a la agenda genera preocupación entre las organizaciones sindicales.
Para los gremios, los cuales marcharon el pasado 22 de julio con los jubilados, cualquier modificación del sistema previsional debe garantizar el derecho a una jubilación digna y preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores. La advertencia sindical apunta a evitar que una eventual reforma tenga como objetivo principal reducir el gasto público mediante cambios que afecten las condiciones de acceso a la jubilación o los ingresos de quienes ya se encuentran retirados.
El planteo también alcanza a los trabajadores activos, ya que cualquier modificación estructural del sistema podría tener consecuencias sobre quienes actualmente realizan sus aportes y proyectan su futura jubilación. Por eso, desde el sindicalismo se reclama que una discusión de esta magnitud no quede limitada a las exigencias de un organismo internacional y sea debatida con participación de los trabajadores y sus organizaciones representativas.
El eje del reclamo: quién paga el costo del acuerdo
A partir del análisis realizado por CEPA, los gremios encuentran argumentos para cuestionar una agenda económica en la que las metas fiscales y las reformas estructurales tengan como contrapartida un mayor esfuerzo de los trabajadores y jubilados.
La discusión, desde la perspectiva sindical, no debería limitarse a determinar si la Argentina cumple o no con las metas acordadas con el FMI, sino a establecer qué sectores asumirán el costo de ese cumplimiento y esto es, justaente, lo que plantean la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales.
