🔵La Secretaría de DDHH de la CGT recordó el 60° aniversario de la represión que sufrió la comunidad universitaria durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. El homenaje recuperó la memoria de aquel episodio y volvió a poner en debate el rol del gobierno liberal🔴
El negasto 29 de julio de 1966, la dictadura intervino las universidades nacionales y puso fin a su autonomía. Esa noche, efectivos de la Policía Federal ingresaron violentamente en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, golpearon y detuvieron a docentes, estudiantes e investigadores. La represión, conocida como la Noche de los Bastones Largos, provocó además una importante salida de científicos y académicos del país y dejó profundas consecuencias para el desarrollo universitario y científico argentino.
En su homenaje, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, encabezada por el y la judicial Julio Piumato y Maia Volcovinsky reivindicó la universidad pública como una herramienta de desarrollo, movilidad social y soberanía. El organismo también destacó la gratuidad universitaria impulsada en 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, una política que amplió el acceso a la educación superior y permitió que miles de trabajadores y sectores populares pudieran llegar a las aulas universitarias.
La conmemoración se produce en medio de un escenario de fuerte conflicto entre el Gobierno libertario y la comunidad universitaria. Docentes y trabajadores no docentes denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo, reclaman una recomposición salarial acorde al delicado momento económico argentino y se mantienen en pleno plan de lucha ante el desfinanciamiento destinado a las universidades nacionales. El no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y exigida incluso en el ámbito judicial y la Corte Suprema, también es un capricho o más bien, una doctrina arraigada a la esencia liberal.
Aunque la situación actual se desarrolla en democracia y no resulta comparable con la represión de 1966, para las organizaciones sindicales existe una disputa de fondo sobre el papel del Estado y el modelo de universidad que se pretende construir. Mientras el Gobierno sostiene una política de reducción del gasto público y prioriza el equilibrio fiscal, los gremios advierten que el ajuste pone en riesgo la educación superior, la investigación científica y las condiciones laborales de quienes sostienen el sistema universitario.
«Atacar la universidad pública es atacar el futuro de nuestro país», resume la frase que colocó la CGT en paralelo del desastre que está provocando el Gobierno en el sistema de Altos Estudios.
