🔵La CGT y ambas CTA, junto con la UTEP volvieron a plantarse frente al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. Movilizarán este 6 de agosto al Congreso🔴
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT junto a las dos CTA, la UTEP y organizaciones sociales y ambientales, Jorge Sola le apuntó al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que este jueves debatirá el Senado. El secretario general anfitrión advirtió que la iniciativa favorece la extranjerización de la tierra, limita la capacidad del Estado para intervenir en defensa del interés colectivo y profundiza la vulnerabilidad de trabajadores, inquilinos y comunidades.
Sola, sostuvo que la iniciativa representa un cambio de paradigma que «subordina el territorio a las lógicas del mercado financiero» y reclamó a los senadores que asuman la responsabilidad de defender los intereses de las provincias que representan.
«Hay una enorme preocupación respecto de lo que se va a discutir y que no tiene la consideración que mereciera respecto del voto que se va a ejercer«, afirmó Sola. Y agregó que quienes ocupan una banca en el Senado «tienen su responsabilidad de representar a las jurisdicciones provinciales«, porque el proyecto «implica subordinar el territorio a las lógicas del mercado financiero y eso cambia notablemente las miradas que este país durante mucho tiempo ha tenido«.
Junto a sus colegas de conducción Octavio Arguello y Cristian Jerónimo y los de las CTA, Hugo Cachorro Godoy y Hugo Yasky, sumado Alejandro Gramajo, de la UTEP el dirigente buscó despegar el debate del discurso instalado por el oficialismo.
«Cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de cuidar los recursos naturales y generar producción, desarrollo, empleo y salario digno«, planteó el titular del Seguro. Para Sola, el proyecto oficial «propone la extranjerización llevando y aumentando los límites de propiedad que podrían ejercer inversores extranjeros sin preguntar a qué vienen a invertir en las tierras». «No reclamando que vengan con una inversión productiva sino probablemente sobre territorios que, o están muy cercanos a los límites geográficos, o están sobre recursos estratégicos«, advirtió.
La CGT también cuestionó que la iniciativa reduzca las herramientas de intervención del Estado. «Expresamos nuestra preocupación de cómo se corre al Estado de la consideración de ser quien lleve adelante las políticas«, sostuvo Sola. En ese sentido, afirmó que el proyecto «hace muy laxa la potestad que tiene el Estado de expropiar y la capacidad que tiene de mirar las políticas públicas para llevar adelante lo que tiene que ver con las necesidades colectivas«, un aspecto que, para la central obrera, debilita la capacidad estatal de actuar en función del interés general.
Otro de los capítulos criticados fue el referido a los desalojos. «Nuestra preocupación es para los trabajadores que alquilan«, expresó el oriundo de Venado Tuerto, al denunciar que «han hecho de los desalojos un trámite sumarísimo sacándole la posibilidad de participar cuando hay un reclamo de este tipo contra el propietario«. Para Sola, esa modificación llega «sobre todo en un momento en el que la morosidad del sector trabajador se ha transformado en una pandemia dentro de la Argentina«, agravando la situación de miles de familias afectadas por la crisis económica.
Las críticas también alcanzaron la reforma de la Ley de Manejo del Fuego y el argumento oficial de fortalecer el federalismo. Sola sostuvo que «no es un tema menor la modificación de la Ley de Manejo del Fuego«, ya que al eliminar restricciones sobre los terrenos incendiados «se dan hacia la especulación de compra del territorio«. Además, rechazó el discurso del Gobierno al señalar: «Lo que creemos aquí es que se sostiene una suerte de dumping provincial«, porque se pretende que las provincias flexibilicen las condiciones para atraer inversiones extranjeras, «muy lejos de ir hacia un lugar de federalismo».
Como cierre, sintetizó el eje político del rechazo sindical y dejó una definición que atravesó toda la conferencia: «No se trata de una discusión entre propiedad privada sí o propiedad privada no. La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límites democráticos y al servicio de qué proyecto de país«.
