🔵El Gobierno libertario pretende modificar el régimen de carrera en la Administración Pública Nacional, con cambios en los ingresos, las evaluaciones, los ascensos, la movilidad y los salarios. ATE declaró la “alerta máxima” y sostuvo que muchas de las herramientas anunciadas ya existen, pero el propio Estado no las cumple🔴
El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de una reforma del empleo público que pretende modificar las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, incluye cambios en los mecanismos de ingreso y permanencia, las evaluaciones de desempeño, los ascensos, la movilidad entre dependencias y la composición de los salarios según funciones y resultados individuales.
Aunque la letra fina todavía no fue difundida, el Ejecutivo buscaría instrumentar el nuevo esquema antes de fin de año y principalmente por vía administrativa. Sin embargo, reconoce que una parte sustancial de la reforma requiere modificar el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06 y, por lo tanto, alcanzar un acuerdo con los sindicatos. Si se pretendieran alterar derechos establecidos en la Ley Marco de Empleo Público 25.164, el proyecto debería pasar obligatoriamente por el Congreso.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el sentido que tendría la iniciativa y llamó a los estatales a mantenerse en “alerta máxima”. “Teniendo en cuenta la reforma laboral, el objetivo de la negociación no puede ser otro que perjudicar a los trabajadores estatales. No vamos a aceptar ninguna discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público”, advirtió Rodolfo Aguiar.
Uno de los principales argumentos oficiales consiste en otorgar mayor incidencia al rendimiento individual sobre el desarrollo de la carrera y las remuneraciones. ATE contrapuso que las evaluaciones, los concursos, la idoneidad, el mérito, la capacitación y la relación entre desempeño y ascenso ya están contemplados en la legislación y los convenios vigentes. “Acá el problema que enfrentamos en la administración pública no es el convenio colectivo, es la industria del incumplimiento por parte del Gobierno”, sostuvo Aguiar.
El sindicato también cuestionó que se vuelva a poner bajo sospecha la idoneidad de los trabajadores. En diciembre de 2024, Sturzenegger impulsó exámenes para el personal de la Administración Pública Nacional, pero más del 98% de quienes fueron evaluados los aprobaron. “¿En serio siguen insistiendo con ese tema?”, planteó el referente estatal, frente a una reforma que nuevamente propone revisar los mecanismos de ingreso y permanencia.
Otro punto sensible es la intención de modificar la composición salarial según las funciones y los resultados individuales, además de revisar las condiciones que podrían derivar en desvinculaciones. Para ATE, el debate debería orientarse en sentido contrario: terminar con la precarización, regularizar a los contratados y recuperar los salarios. “Si se plantea una renegociación del convenio colectivo para regularizar a los trabajadores precarizados y para proponer salarios dignos, nos sentamos ya”, afirmó Aguiar.
La organización tampoco se opone a discutir el funcionamiento de la carrera administrativa. El dirigente señaló que actualmente el período de prueba se extiende durante 12 meses y que las promociones y los ascensos pueden demorar entre dos y tres años. En ese sentido, ATE estaría dispuesta a negociar una reducción del período de prueba a tres meses y mecanismos que otorguen mayor dinamismo a la carrera, siempre que representen mejoras concretas y no una pérdida de estabilidad. La disputa, en definitiva, excede una discusión técnica. Mientras el Gobierno presenta la reforma como una revisión destinada a premiar el mérito y mejorar el funcionamiento del Estado, ATE sostiene que esas herramientas ya existen y que el verdadero problema es su incumplimiento. En un escenario marcado por despidos, congelamiento salarial y desmantelamiento de organismos, el sindicato teme que la iniciativa termine habilitando mayor discrecionalidad sobre los ingresos, los ascensos y la continuidad laboral de los estatales.
