🔵El Presidente ratificó ante su Gabinete que no habrá asistencia para las personas endeudadas y el Gobierno considera que los indicadores de morosidad no configuran una situación de crisis. La definición llega apenas días después de que la CGT, las CTA y los movimientos sociales llevaran el reclamo a las calles🔴
Javier Milei decidió cerrar la puerta. En medio del fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares y apenas días después de que el sindicalismo movilizara al Ministerio de Economía para reclamar respuestas, el Presidente confirmó ante su Gabinete que el Gobierno no avanzará con ninguna asistencia destinada a las personas endeudadas. Según reveló La Política Online (LPO), durante la reunión el Ejecutivo analizó la situación y concluyó que los indicadores de morosidad “no reflejan una situación de crisis”.
La definición presidencial no aparece en el vacío. Llega después de semanas en las que el endeudamiento de las familias comenzó a ocupar un lugar central en la agenda sindical. La CGT lanzó una campaña nacional y, junto con las CTA, la UTEP y organizaciones sociales, marchó el pasado 20 de agosto al Ministerio de Economía. El planteo fue exactamente el contrario al que ahora sostiene la Casa Rosada: cuando millones de personas tienen dificultades para pagar sus compromisos, la deuda deja de ser exclusivamente un problema individual.
Los números utilizados por la central obrera muestran la dimensión del fenómeno. En mayo había 5,8 millones de personas en situación de mora sobre 20,9 millones de deudores registrados. La morosidad de las familias había escalado fuertemente respecto de 2024 y, entre las billeteras virtuales, alcanzaba el 29,6%. A su vez, los servicios de deuda de los hogares representaban en abril el 24,1% de la masa salarial, casi tres veces el peso que tenían dos años atrás.
El punto central de la discusión es qué hay detrás de esos números. El sindicalismo viene advirtiendo que el crédito dejó de estar asociado únicamente a la compra de bienes o consumos extraordinarios y comenzó a funcionar como una extensión de salarios que ya no alcanzan. Tarjetas, préstamos personales y billeteras virtuales aparecen cada vez más vinculados al sostenimiento de gastos corrientes, mientras los hogares deben absorber simultáneamente el peso de tarifas, transporte, alimentos y servicios.
José Luis Lingeri lo había planteado en la previa de la movilización: “Los datos muestran un deterioro que no podemos ignorar”. Para el dirigente, detrás de cada porcentaje existe una familia y detrás de cada deuda, un trabajador intentando sostener su hogar. Juan Carlos Schmid fue todavía más terminante: “Cuando hay una morosidad que implica más del 10% de la ciudadanía, esto deja de ser un problema personal y se convierte en un problema colectivo, político y social”.
Es precisamente allí donde la respuesta de Milei adquiere mayor peso político. El sindicalismo sostiene que existe un problema social; el Gobierno responde que no existe una crisis que amerite asistencia. Frente a una CGT que llevó el endeudamiento hasta las puertas del Palacio de Hacienda y reclama discutir sus causas económicas, el Presidente reafirma una concepción en la que el Estado no debe intervenir para aliviar la situación de quienes quedaron atrapados en sus deudas.
La discusión, entonces, ya excede las estadísticas financieras. Mientras millones de argentinos recurren al crédito y una porción cada vez mayor del ingreso queda comprometida en el pago de deudas, Milei eligió convertir la negativa en una definición política: para la Casa Rosada no habrá salvataje. Y mientras el sindicalismo advierte que la deuda se transformó en el parche de un salario que perdió capacidad para sostener la vida cotidiana, el Gobierno acaba de dejar en claro que quienes ya no pueden pagar deberán enfrentar el problema sin ayuda estatal.
