🔵El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera efectiva con la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Si no lo hace, advirtió que podrá imponer multas por cada día de demora. La decisión vuelve a poner al Gobierno frente a una orden judicial concreta en medio del conflicto universitario🔴
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó este martes un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días una medida cautelar que ya se encuentra firme y que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.
Después de analizar la presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano el 21 de septiembre, el magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada”. Por eso ordenó al Estado Nacional que dé “efectivo cumplimiento” a lo dispuesto, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
¿Qué tiene que cumplir el Gobierno?
La medida cautelar original fue dictada por el mismo juez el 23 de diciembre de 2025. En aquella oportunidad, Cormick ordenó al Estado Nacional cumplir inmediatamente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
El artículo 5 está vinculado con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, mientras que el artículo 6 establece la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La controversia judicial surgió luego de que el Gobierno condicionara la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025.
La cautelar fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. De esta manera, la ejecución de la medida quedó nuevamente en manos del juzgado de primera instancia.
A esto se le suma que en el Proyecto de Presupuesto 2027 existe una merma considerable en las partidas hacia el sector universitario (figuran cerca de 7 Billones sobre los 11 Billones que deberían destinarse actualmente), lo cual llevó a los diferentes rectores que integran el CIN a anunciar que de continuar de esta manera, el año entrante será inviable iniciar con el ciclo de estudios.
Cinco días y una advertencia concreta
El nuevo pronunciamiento judicial llega después de que el Gobierno intentara demostrar que había cumplido con la normativa a partir de los acuerdos alcanzados durante el año.
En junio, el Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones gremiales habían firmado un acta que contempló un incremento de la masa salarial, mayores partidas para funcionamiento y un aumento de las Becas Manuel Belgrano, entre otras medidas. Para el Gobierno, ese acuerdo implicaba un cumplimiento sustancial de la ley.
Sin embargo, el juez Cormick ya había rechazado en septiembre el pedido oficial para levantar la cautelar. En esa oportunidad consideró que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto el deterioro salarial y el problema que había dado origen a la medida judicial. Ahora, dio un paso más: puso un plazo concreto para el cumplimiento.
Si el Ejecutivo no cumple dentro de los cinco días establecidos, el juez dejó expresamente abierta la posibilidad de aplicar multas diarias —astreintes— por la demora.
Una nueva pulseada en el conflicto universitario
La resolución aparece mientras continúa abierto el conflicto entre el Gobierno, las universidades y los gremios del sector por salarios, financiamiento y aplicación integral de la Ley 27.795.
Las organizaciones universitarias vienen reclamando que la norma se aplique de manera completa y sostienen que los incrementos otorgados durante el año no alcanzaron para recuperar la pérdida salarial acumulada. En paralelo, el reclamo por el cumplimiento de la cautelar llegó nuevamente al centro de la escena judicial.
El próximo capítulo del conflicto ya tiene fecha: el 15 de octubre está convocada la V Marcha Federal Universitaria, en un escenario en el que ahora el Gobierno no sólo enfrenta el reclamo de docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias, sino también un plazo judicial de cinco días para demostrar que cumple con una orden que permanece vigente.
