🔵La iniciativa propone que Diputados exprese su solidaridad con el magistrado que suspendió disposiciones de la reforma laboral en una causa impulsada por la CGT🔴
El bloque peronista impulsa un proyecto de resolución para repudiar la denominada “persecución institucional” contra el juez nacional del Trabajo Raúl Horacio Ojeda, a raíz de las decisiones que tomó en la causa que cuestiona la constitucionalidad de la Ley Modernización Laboral.
La propuesta lleva las firmas de Kelly Olmos, Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Germán Martínez, Blanca Osuna, José Gómez, Hugo Yasky y Carlos Cisneros, y busca un pronunciamiento de la Cámara de Diputados en defensa del magistrado y de la independencia judicial.
El origen del conflicto
Según reconstruyen los fundamentos, Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de distintas disposiciones de la reforma laboral, en el marco de una acción promovida por la Confederación General del Trabajo. Los legisladores sostienen que esa resolución se apoyó en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, y que podía ser revisada por las instancias judiciales superiores mediante los recursos correspondientes.
El proyecto señala que, pocas semanas después, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) presentó una denuncia penal por presunto abuso de autoridad y otra ante el Consejo de la Magistratura. En esta última, según el documento, solicitó la suspensión preventiva de Ojeda y la promoción de su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento por supuesto mal desempeño. Para los firmantes, los cuestionamientos apuntan exclusivamente a la interpretación y aplicación del derecho realizada por el juez.
El reclamo también alcanza a la mayoría de la Comisión de Acusación del Consejo, que, de acuerdo con el texto, rechazó desestimar la denuncia y dispuso la apertura a prueba del expediente N° 67/2026. Los diputados cuestionan esa decisión porque consideran que habilita un procedimiento disciplinario basado en el contenido de una resolución judicial.
Qué proponen los tres artículos
El primer artículo plantea expresar el “más enérgico repudio a la persecución institucional” contra Ojeda y a la decisión de mantener abierta la denuncia. El segundo propone que la Cámara manifieste su solidaridad con el magistrado frente a las denuncias, presiones y campañas de deslegitimación que, según los impulsores, enfrenta por ejercer el control de constitucionalidad.
El tercer artículo exhorta al Consejo de la Magistratura a disponer la inmediata desestimación de las actuaciones. Además, busca reafirmar que las diferencias con una decisión judicial deben tramitarse mediante los recursos procesales previstos. El planteo pretende que Diputados fije una posición institucional frente al procedimiento contra Ojeda; no implica, por sí mismo, el cierre del expediente.
Disciplinamiento judicial
En sus fundamentos, los legisladores invocan la garantía de independencia de los jueces respecto del contenido de sus sentencias, contemplada en el artículo 14 de la Ley N° 24.937. Desde esa interpretación, sostienen que el Consejo de la Magistratura no puede utilizar sus facultades disciplinarias para revisar el criterio jurídico con el que un magistrado resuelve una causa.
La preocupación que expresa el proyecto excede la situación individual de Ojeda. Sus firmantes advierten que avanzar contra un juez por el sentido de una resolución produce un mensaje intimidatorio hacia el resto de la Justicia. “La independencia judicial no es un privilegio de los magistrados, sino una garantía de toda la ciudadanía para contar con una justicia imparcial”, señala el documento.
Con ese argumento, los diputados reclaman que el Congreso asuma una posición frente a lo que consideran un intento de convertir los mecanismos de control judicial en herramientas de disciplinamiento contra quienes dictan resoluciones contrarias a los objetivos del Gobierno. El fundamento político e institucional de la iniciativa queda resumido en una frase: “La defensa de la división de poderes exige reafirmar que las sentencias se discuten con recursos, y no con denuncias”.
