La reforma laboral cosecha enemigos y en esta oportunidad, fueron la CGT de Río Cuarto y la de Tucumán las que se suman a la oposición en cuanto a la modificación de la ley de trabajo.
La CGT Río Cuarto, que conduce Ricardo Magallanes, se reunió en plenario general y coincidieron todos sus miembros en pronunciarse contra de las reformas que ya envió el Gobierno al Parlamento argentino para su debate. “No cabe duda que las tres iniciativas están vinculadas con el resultado de una brutal reducción de recursos del Sistema de Seguridad Social, poder adquisitivo del jubilado, AUH, asignaciones familiares y sociales, mediante la modificación de su fórmula de actualización”, comunicó la regional.
“Esta política agresiva hacia los sectores populares, que ha sido una constante histórica de los gobiernos neoliberales, se manifiesta con particular virulencia en una estrategia de persecución sistemática de las dirigencias sindicales y el accionar colectivo de los trabajadores y sus organizaciones”, asegura la transcripción. Además, agrega que “este ataque al movimiento sindical tiene como objetivo debilitar su capacidad de lucha y resistencia, para profundizar la precarización laboral, a través de las tercerizadas, contratadas por las grandes empresas a las cuales se las exime de responsabilidad solidaria por los desmanejos de las contratistas y eliminar los derechos conquistados por la clase trabajadora, como es la disminución del salario indirecto mediante rebajas en los aportes patronales, por nombrar algunas”.
“No cabe duda que las tres iniciativas están vinculadas con el resultado de una brutal reducción – de $140.000 millones de pesos en 2018 – de recursos del Sistema de Seguridad Social, del poder adquisitivo del jubilado, las AUH, las asignaciones familiares y sociales, mediante la modificación de su fórmula de actualización”, agrega el comunicado firmado por el propio secretario general, Irma Ciani, Adjunta y Claudio Bonamico, titular del área de Prensa.
Tres Semanas atrás, la CGT Tucumán, conducida por Marcelo Sosa, había adoptado la misma postura por dar curso “a una reforma inconstitucional y contraria al principio de progresividad de los derechos laborales “ y por ser “el primer paso hacia la precarización”.