🔵El Ministerio de Trabajo bonaerense publicó un documento de 59 páginas en el que cuestiona de manera integral el proyecto de “Modernización Laboral” y advierte sobre una regresión en derechos y un debilitamiento del modelo sindical🔴
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires formalizó su rechazo al proyecto de reforma laboral que ingresó al Congreso y lo hizo a través de un documento técnico-político titulado “Razones por las cuales la Provincia rechaza este proyecto de modernización laboral”. El texto, elaborado por el Ministerio de Trabajo bonaerense y aprobado por Walter Correa, constituye una crítica frontal a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
Lejos de un posicionamiento diplomático, el informe sostiene que la reforma no representa una modernización sino una “regresión estructural” del Derecho del Trabajo argentino. Según la cartera provincial, el proyecto altera principios fundamentales como el carácter protector del sistema laboral y modifica el equilibrio histórico entre capital y trabajo.
Un cambio de paradigma
Uno de los ejes centrales del documento es la acusación de que la reforma implica una “mercantilización del trabajo”. El Ministerio sostiene que el proyecto abandona la lógica protectoria del derecho laboral —basada en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador— para reemplazarla por una concepción de igualdad formal entre partes.
En esa línea, el informe advierte que se debilita el principio protectorio y se restringen herramientas interpretativas históricas del derecho laboral, como el criterio favorable al trabajador ante dudas normativas. Para la Provincia, esto no es un ajuste técnico sino un cambio doctrinario de fondo.
La “industria del juicio”
El documento también cuestiona uno de los argumentos centrales del oficialismo: la supuesta “industria del juicio”. Según el análisis bonaerense, las estadísticas muestran que los litigios laborales representan una proporción baja en relación con la población ocupada, y que no existe evidencia de un crecimiento exponencial que justifique una reforma de esta magnitud.
Por el contrario, el informe plantea que el problema estructural es el incumplimiento de normas laborales y no la existencia de un sistema judicial excesivamente protector.
Impacto en el modelo sindical
Otro capítulo fuerte del posicionamiento provincial es el referido a las reformas en materia de relaciones colectivas. El Ministerio advierte que el proyecto promueve la fragmentación de la negociación colectiva, limita facultades sindicales y altera el esquema tradicional de financiamiento de las organizaciones gremiales.
En particular, señala que la reforma restringe las cuotas solidarias y modifica la estructura de aportes convencionales, lo que, según su lectura, debilita el sostenimiento institucional del movimiento obrero.
Federalismo y poder de policía
La Provincia también cuestiona la posible afectación del federalismo. El documento advierte que algunos artículos del proyecto podrían implicar una concentración de competencias en el ámbito nacional y una reducción del poder de policía laboral de las jurisdicciones provinciales.
Advertencia política y jurídica
El posicionamiento concluye que la reforma podría generar conflictos constitucionales, tanto por su impacto en el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como por la eventual regresividad en derechos sociales.
Con este documento, la Provincia de Buenos Aires se coloca formalmente en la vereda opuesta al proyecto oficial y anticipa un escenario de debate político, sindical y judicial que promete escalar en las próximas semanas.