🔵La CTA Autónoma, junto a diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, presentaron un pedido de juicio político contra Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano🔴
La solicitud de la central obrera liderada por Hugo Cachorro Godoy y en conjunto con diversas organizaciones se fundamenta en el mal desempeño de sus funciones y la posible comisión de delitos. Este movimiento surge a raíz del escándalo por la falta de distribución de alimentos a comedores, muchos de los cuales ya se encuentran en mal estado.
La retención de alimentos es vista como una de las mayores crueldades sufridas por Argentina en los últimos 40 años de democracia. Durante los últimos días, se han sucedido denuncias, inspecciones, despidos de funcionarios, falsificación de documentos públicos y órdenes judiciales, todo lo cual agrava la percepción de una gestión gubernamental deficiente y deshonesta.
“La política desplegada por el Gobierno de Javier Milei procura que el trabajador y la trabajadora de nuestro país piensen en sobrevivir y no puedan proyectarse ni como individuos ni como colectivo social. Y se alienta desde el discurso presidencial la idea de que si los pobres tienen hambre se la van a arreglar solos y lo refuerzan con la conducta cruel de no entregar alimentos”, criticó Godoy ante la gravedad de la situación. Además, añadió: “Hace seis meses vivíamos mal, pero en este tiempo la situación se agravó. Estábamos en el 40 por ciento de nivel de pobreza y hoy en el 60 por ciento. Esto es producto de las medidas económicas y sociales que viene tomando el gobierno. Desde la CTA no vamos a permitir que avancen contra las mayorías populares mientras siguen haciendo negocios con el poder económico”.
Entre los firmantes del pedido se encuentran Godoy como titular de la CTA –A-; Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y María Eva Koutsovitis, presidenta de Unidad Popular CABA, entre otros. El pedido de juicio político, registrado bajo el expediente N° 0039-P-2024 en la Cámara de Diputados de la Nación, acusa a Pettovello de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 53 de la Constitución Nacional.