🔵SGBATOS lanzó una fuerte campaña en pos de enfatizar su postura contra la privatización de las empresas públicas, especialmente AYSA🔴
El Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, se alzó con fuertes críticas contra el proyecto “Ley Ómnibus”, el cual obtuvo un fuerte revés en la Cámara de Diputados, aunque en su interior contiene la apertura a la privatización del suministro de agua y saneamiento en Argentina.
En medio del debate legislativo, desde SGBATOS han lanzado una campaña para subrayar la importancia de mantener estas empresas bajo la gestión estatal, destacando en su titular que «el agua no se negocia«.
Lingeri enfatizó en los fracasos del pasado, particularmente durante los años ’90, cuando la gestión privada de empresas estratégicas demostró ser ineficaz y además que no resolvió los dilemas que afronta el sistema hídrico nacional. Destacó que la privatización no resultó más eficiente, sino que dejó a gran parte de la población sin acceso a servicios esenciales, incumpliendo contratos y sin realizar las inversiones necesarias en infraestructura.
El dirigente sindical destacó el papel crucial de AySA, empresa de agua y saneamiento, que presta servicio a una significativa porción de la población argentina. Desde su gestión estatal en 2006, AySA ha logrado importantes avances, duplicando e incluso triplicando las cifras de personas incorporadas al servicio de agua y saneamiento en comparación con la gestión privada anterior.
Lingeri resaltó que las cifras hablan por sí solas y que una empresa de servicios públicos no puede ser considerada una variable de ajuste, especialmente cuando miles de personas en el mundo mueren por falta de acceso al agua potable y al saneamiento básico. Insistió en que la gestión estatal del agua debe ser sostenible, respaldada por políticas de Estado y tarifas adecuadas, para garantizar un acceso equitativo y de calidad para toda la población.
La campaña liderada por uno de los referentes del Consejo Directivo de la CGT, busca proteger los avances logrados en términos de acceso equitativo al agua, enfrentando el desafío inmediato que representa el proyecto del Gobierno, orientado a un espíritu privatista, aun más cerrado que los que han pasado por la Argentina.
Subraya que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial, crucial para la salud pública, y que el Estado debe garantizar su acceso a toda la población, sin convertirlo en un lujo o privilegio para quienes puedan pagarlo.