La CGT cuestionó a través de un comunicado de prensa el allanamiento que dispuso el Juez Rafecas y llevó adelante Gendarmería nacional, en el sindicato del Caucho. En el operativo, fue desalojado el dirigente gremial Juan Carlos Ponce.
La central obrera calificó de “inusitada” la presencia de las fuerzas de seguridad y de manifestó su preocupación porque el juez natural de estas cuestiones sea el Ministerio de Trabajo, a través “de la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional, para resolver cuestiones relativas a procesos electorales sindicales”. El triunvirato advirtió que el caso en cuestión, se da en el marco de “vulneraciones a los derechos sindicales” que se dan con una “sugestiva mora administrativa de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que soslaya la resolución de recursos e impugnaciones en tiempo y forma”. La sorpresa de los dirigentes sindicales pasa por el momento en que se dio el allanamiento, es decir, “al filo de la Feria Judicial, afectando el debido proceso y el derecho a defensa”.
Schmid había declarado a los medios que “el allanamiento es una muestra más del manejo de este Gobierno sobre lo sindical. En lugar de actuar con los entes laborales, directamente lo hace un juez penal”.
A modo de antelación de lo que puede ser un 2018 con la CGT en pie de lucha, el comunicado de prensa menciona que, en pos de “esta modalidad que ya resulta reiterada” (se refiere a los allanamientos, intervenciones y detenciones gremiales), “implica que esta entidad se aboque a la defensa de las organizaciones sindicales, como instituciones de la democracia, cuyo marco de control debe ser conforme a los parámetros que desde hace años viene trazando nuestra legislación en materia de asociaciones sindicales” (Ley 23.551) y menciona la jurisprudencia existente en la OIT “y sus Órganos de Control con Jerarquía Constitucional, la cartera del Trabajo, en todo lo que no violente la autonomía sindical y con el debido resguardo y revisión posterior en la Justicia Nacional del Trabajo”.
En las últimas horas, la Justicia también allanó el SOEME (sindicato de Minoridad y Familia) y detuvo a Marcelo Balcedo, con acusaciones de enriquecimiento ilícito.