El 12 por ciento de aumento salarial fue el ofrecido por el Gobierno a los gremios estatales pero también anunció despidos, o “retiros voluntarios” de aproximadamente 5 mil trabajadores de organismos públicos.
Los estatales comienzan a discutir las paritarias pero se encontraron con un “detalle no menor” que partió desde la comunicación del Ministerio de Hacienda y Modernización. Serían cinco mil los trabajadores que despedirían para ahorrar gasto publico.
Con el fin de que la propuesta salaria, la cual Trabajo fijó en el 12% -sin cláusula de revisión para los sueldos menores a $30.000, y de una suma fija de $4.500 para los que ganen entre ese número y $100.000- quede desdibujada, los funcionarios dijeron que 5 mil trabajadores podrían quedarse sin su puesto. Por supuesto, ya fue rechazado de plano por los sindicatos.
Según publicó esta mañana el sitio de noticias Infobae y que acusa haber recibido la información desde el Gobierno, 5.000 serían los empleados que abandonarían la administración pública entre trabajadores en condiciones de jubilarse o los que se adhieran al sistema de retiro voluntario. Otros serían contratos que no se renovarían.
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Hugo «Cachorro» Godoy, secretario nacional de ATE, confirmó que el reclamo de los verdes será de un 25% con cláusula gatillo, más una bonificación de $5.000 para «compensar la mala aplicación» de esta cláusula en 2017. «Sin embargo, lo que más nos preocupa son los anuncios que hicieron Dujovne e Ibarra: el cese a fin de año de los contratos por Asistencia Técnica con las Universidades, la reducción de bonificaciones en el salario, el recorte del 30% en la planta de cada organismo, el cierre de varias dependencias que significan más despidos, y el congelamiento de los cargos por dos años, que va a implicar eternizar la situación de precariedad de muchos compañeros».
Por su parte, Andrés Rodríguez, titular de UPCN, indicó que el estado del sindicato es de alerta y movilización pero que se va «a discutir una serie de planteos como el pase a planta permanente de unos 7.000 trabajadores que han concursado o están en proceso, de los cuales 1.500 deberían ser efectivizados en junio, y otros 2.500 en julio”. “También buscamos que no se avance con la no renovación de los contratos», agregó el Adjunto de la CGT.