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Vidal firmó un decreto que precariza la actividad farmacéutica

El nuevo decretazo de la gobernadora bonaerense le impone un mínimo al arancel del trabajador farmacéutico y con esta nueva normativa, viola sistemáticamente los CCT de la actividad.

Según uno de los últimos decretos firmados por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se fija el “honorario farmacéutico mínimo”, contrariamente a los estamentos reglamentarios que marcan los Convenios Colectivos de Trabajo en la actividad farmacéutica y bioquímica, los cuales se formalizaron en 2011. La oriundo de Morón firmó el Decreto N° 446-GPBA-19, que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de mayo pasado.

“El Decreto promueve el trabajo no registrado y el pago a través del monotributo, lo que constituye un fraude laboral, puesto que la tarea del ´experto en medicamentos´ exige su presencia permanente en la farmacia, para cumplir las obligaciones de la ley 10.606, lo cual es incompatible con el monotributo”, reclamaron desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb), que conduce Marcelo Peretta.

Con la novedosa firma de Vidal, los trabajadores del rubro que se hayan graduado desde la universidad de farmacia y bioquímica “cobran menos, tienen menos vacaciones, menos días de licencia vacacional y no tienen obra social”, explicó Peretta a través de un comunicado de prensa.

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“La medida tiene el aval del sector empresario, que es el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires”, apuntan desde el gremio, “y promueve la precarización laboral de los trabajadores farmacéuticos y la reducción de los aportes patronales”, sostiene. A la vez indica que “unos 300 profesionales que trabajaban en blanco hasta 2018, con recibo de sueldo y estaban protegidos por el convenio colectivo propio de la actividad profesional farmacéutica, volvieron a monotributar”. Ante este panorama, el Safyb advierte sobre un inminente “conflicto de litigiosidad creciente con esta medida”.

“Consultados los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, consideran que “el decreto los perjudica y que es una maniobra de la gobernadora y Colegio provincial que buscan pagar menos al profesional y aportas menos cargas sociales al Estado”, cierra el documento de prensa.

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