🔴El reclamo sobre el FONID atrasado y retenido, tiene como objetivo beneficiar a más de un millón de docentes en todo el país.🔵
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por su Secretaria General Sonia Alesso, ha presentado una demanda ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 8 de Capital Federal, con el respaldo legal del Dr. Marcelo Bustos Fierro, apoderado de la organización.
En esta acción legal, se reclama al gobierno nacional que garantice el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) correspondiente a los años 2023 y 2024, los cuales aún están pendientes de abono.
La demanda interpuesta por CTERA busca asegurar el derecho de las trabajadoras y trabajadores de la educación al cobro de este rubro, que constituye una parte integral de los salarios de los docentes. Según lo estipulado en la ley 25.053 y en el marco de la Paritaria Nacional Docente -artículo 10 de la Ley 26.075-, el Estado Nacional está obligado a realizar dichos pagos. Además, cabe destacar que existe una asignación presupuestaria específica contemplada en la Ley 27.701, la cual está vigente conforme al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 88/2023 emitido por el propio gobierno.
Esta acción judicial, solicitada bajo el procedimiento sumarísimo para agilizar su tramitación, tiene como objetivo beneficiar a más de un millón de docentes en todo el país.
En este sentido, desde la CTERA explicaron que “estos profesionales han sido afectados de manera ilegal y arbitraria por la retención indebida de fondos llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con ningún fundamento legal que justifique dicha acción.
La situación planteada por CTERA refleja una problemática urgente que afecta a un sector fundamental de la sociedad: la educación.
La falta de pago del FONID no solo impacta en los salarios de los docentes, sino que también compromete la calidad y continuidad de la enseñanza en todo el país. Es imperativo que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para resolver esta situación y garantizar el derecho de los educadores a percibir los fondos que les corresponden por ley.