🔵Docentes universitarios reclaman la recuperación de más de 60 puntos de pérdida salarial frente a la inflación desde que asumió Milei🔴
La FEDUN reiteró la urgencia de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario luego de la falta de acuerdo en la mesa técnica salarial y llamó a los legisladores a rechazar el veto del presidente Javier Milei, hecho que será judicializado por el Gobierno si es que el Parlamento se decide a no avanzar sobre el capricho libertario. La organización gremial que lidera Daniel Ricci subraya que, hasta el momento, no han recibido respuestas concretas del Ejecutivo, y que las reuniones han sido infructuosas.
Desde el gremio verde insisten en que no están exigiendo un incremento salarial, sino que buscan igualar los salarios con la inflación para frenar la pérdida de poder adquisitivo. En su comunicado, recuerdan que los salarios docentes en Argentina son los más bajos de América Latina en dólares y los más bajos en pesos desde el retorno de la democracia. La federación denuncia la grave situación de los trabajadores universitarios, cuyo poder adquisitivo ha caído drásticamente en los últimos meses. Sabiendo la devoción que posee el Presidente de hablar de salarios en moneda extranjera, la Fedun refuta: “Tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia”.
El gremio también exigió a los legisladores que el próximo miércoles rechacen el veto presidencial con los dos tercios de los votos en el Congreso, cumpliendo con el mandato popular expresado en la reciente Marcha Federal Universitaria. A su vez, advirtieron que de no aprobarse la ley, la situación salarial en las universidades seguirá deteriorándose.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que si el Congreso no ratifica el veto de Milei, el Gobierno judicializará el caso. Caputo advirtió que la Ley de Financiamiento Universitario “presenta un gasto sin contrapartida” y que, en caso de no obtenerse los dos tercios necesarios en ambas cámaras, el Ejecutivo apelará a la Justicia para bloquear su implementación.