🔵La Federación de Aceiteros denunció una “grave persecución política” contra Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema. La organización vinculó el caso con hechos represivos y con el poder económico🔴
La federación que conduce Daniel Yofra, -FTCIODyARA- expresó su repudio al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A través de un comunicado oficial, el sindicato calificó la decisión judicial como “un hecho de máxima gravedad institucional” y advirtió que forma parte de una avanzada contra la democracia y los derechos de los trabajadores.
El documento que firma Yofra remarcó que la causa conocida como «Vialidad» estuvo “viciada de irregularidades” y que la Corte actuó con una celeridad inusual al rechazar su revisión. En contraposición, criticaron que el mismo tribunal mantiene “cajoneado” desde diciembre de 2023 el tratamiento del DNU 70/2023 y una contundente parte de la Ley Onmibus que eliminó o modificó más de 300 leyes laborales y sociales y denunciaron la doble vara en beneficio de los sectores económicos concentrados.
La Federación también repasó una serie de hechos recientes que, a su entender, confirman un clima de creciente persecución. Entre ellos, mencionaron la detención de Juan Grabois, también condenada por la CGT, la imputación de Federico Giuliani, secretario general de ATE Códoba, las causas abiertas contra dirigentes sociales del Polo Obrero y el FOL, la detención de referentes sindicales en Rosario, y las agresiones a trabajadores de prensa durante manifestaciones frente al Congreso, siendo el de pablo Grillo el caso más emblemático de los útlimos tiempos.
Finalmente, el gremio sostuvo que el Poder Judicial “se desentiende de su función de garantizar los derechos humanos y sociales”, y se posiciona como una herramienta para disciplinar a quienes se oponen al modelo de ajuste. Frente a este escenario, los aceiteros reafirmaron su compromiso con la democracia y la defensa de las garantías constitucionales.