🔵Marcelo Bellelli, coordinador de ATE Anac, advierte que el plan del Gobierno compromete la seguridad aérea y reclama un proceso ordenado y con participación de los trabajadores🔴
El coordinador nacional de ATEANAC, Marcelo Bellelli, encendió las alarmas frente a un proyecto impulsado por la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial que plantea transferir funciones de fiscalización y control operativo de los aeropuertos a los concesionarios privados. Según explicó, la iniciativa —cuyo contenido trascendió a través de un documento interno— pretende delegar atribuciones que históricamente han sido responsabilidad del Estado y que resultan esenciales para garantizar la seguridad aeronáutica.
Bellelli sostuvo que el gremio no fue convocado para conocer la propuesta ni discutir la reorganización del personal en un eventual proceso de transición. Señaló que no existe una planificación clara, que no se ha explicado cómo se instrumentaría el cambio y que “darle al privado un rol de control” sin una estrategia seria supone un “riesgo concreto” para la seguridad operacional, la conectividad y la eficiencia del sistema aéreo del país.
Ante este escenario, ATEANAC declaró el estado de alerta y movilización y anunció que no descarta medidas de fuerza durante diciembre. Como parte de las acciones iniciales, el sindicato convocó a una asamblea para este miércoles a las 11 horas en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, con el objetivo de fijar una postura frente al esquema de “autoridad delegada” que impulsa el Gobierno. Bellelli enfatizó que el reclamo no responde a motivaciones partidarias, sino al compromiso histórico de los trabajadores con la seguridad aérea y la defensa del capital técnico formado por el Estado.
El dirigente llamó a una reflexión urgente de las autoridades y reclamó que cualquier transformación se realice de manera consensuada, transparente y con la participación directa del personal especializado. Para ATEANAC, la gravedad del asunto reside en que el Estado podría desprenderse de funciones que consideran indelegables, afectando no solo los puestos de trabajo sino la confianza del sistema aeronáutico argentino en su conjunto.