🔵El Gobierno envió al Congreso su proyecto de reforma laboral mientras busca acelerar el tratamiento en el Senado. El texto introduce modificaciones profundas y la CGT analiza márgenes de acuerdo pero rechaza avanzar sobre derechos colectivos considerados intocables🔴
La decisión del Gobierno de enviar la reforma laboral al Congreso abrió un escenario político de alta intensidad. Aunque el oficialismo pretende un tratamiento express, los plazos legislativos imponen otro ritmo: primero deben constituirse las comisiones y recién entonces podrá iniciarse el debate formal. Incluso con dictamen inmediato, el reglamento exige esperar siete días para el tratamiento en el recinto, por lo que la votación no sería inminente.
El proyecto introduce cambios sustanciales en los pilares del contrato de trabajo. La base de cálculo de las indemnizaciones se reduce, el preaviso para relaciones extensas se acorta y todos los contratos por tiempo indeterminado comenzarían con seis meses de período de prueba. Ese plazo podría ampliarse hasta ocho o doce meses por convenio colectivo, y en el caso de las pymes llegaría a un año y medio sin obligación de preaviso ni indemnización en caso de desvinculación.
Fondo de cese, nuevas reglas para vacaciones y horas extra
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con el 3% de las contribuciones patronales existentes. Desde allí se pagarían las indemnizaciones, lo que reduce el costo directo para los empleadores.
El proyecto también permite fraccionar vacaciones en bloques mínimos de siete días, fija que cada trabajador debe tener un período de descanso en verano al menos una vez cada tres años y concentra la temporada vacacional entre octubre y abril. Además, incorpora el banco de horas, un sistema que habilita a compensar picos de demanda sin recurrir necesariamente al pago de horas extras.
Avance de convenios por empresa y regulaciones más estrictas para la acción sindical
La reforma promueve la negociación colectiva por empresa en detrimento de los convenios de actividad y limita la ultraactividad de los acuerdos vencidos, lo que implica un cambio profundo en el esquema histórico de relaciones laborales.
A ello se suman nuevas restricciones sobre asambleas, representación gremial y conflictos de trabajo, así como mecanismos orientados a reducir la judicialización, un hecho que curiosamente está incluida en la reforma laboroal. El texto también incorpora regímenes específicos para trabajadores de plataformas, incentivos a la formalización y reducciones de cargas patronales.
Lo que la CGT está dispuesta a negociar y lo que considera intocable
En las conversaciones preliminares, distintas fuentes sindicales reconocen que la CGT podría aceptar discutir aspectos vinculados a derechos individuales, incluso evalúan habilitar que cada gremio acuerde directamente con las empresas ciertas bases particulares, como actualmente sucede por la implementación del fondo de cese y el fondo de cese, que de hecho, ninguna Pyme aceptó.
Sin embargo, la central obrera mantiene una posición inamovible en torno a los derechos colectivos: no está dispuesta a revisar la ultraactividad, el sistema de obras sociales ni la cuota solidaria. Para la conducción cegetista, resignar esos pilares equivaldría a desarmar la estructura institucional del sindicalismo argentino.
Un debate que redefine el equilibrio de poder en el mundo laboral
El envío del proyecto abre una discusión que va más allá de la reducción de costos laborales. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma moderniza el sistema y fomenta la inversión, el sindicalismo advierte que el texto altera la arquitectura de protección construida durante décadas.