🔵En dialogo con Sonido Gremial, Matías Cremonte analizó el escenario argentino frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió sobre las restricciones que impone la nueva legislación. Cuestionó el debilitamiento de la Justicia y el llamado de atención que recibió la Argentina en el organismo internacional🔴
El mundo del Trabajo en la Argentina atraviesa instancias fuertemente complejas desde la asunción del Gobierno libertario pero, además, encuentra intensas réplicas en el contexto global. La nueva Ley de Modernización Laboral llegó para pisar derechos adquiridos pero también quitarle peso su principal fuerza, que son los trabajadores para inyectarle una dosis de adrenalina al empresariado local y mundial.
Existen signos evidentes que la Argentina que se conocía en materia social y laboral se encuentra en una etapa de transición hacia lo inimaginable algunas décadas. No solo la aparición de la Inteligencia Artificial, lo cual se puede entender como un avance tecnológico, pero si hacia una nueva plana del sistema que rige el mundo entero. Con los poderes dominantes ganando terreno a velocidades astronómicas y con esto descripto sin considerar el colectivo de los más débiles en la cadena productiva. La IA es un detalle minúsculo dentro de esta carrera en la cual, claramente, trabajadores y trabajadoras van hacia una pérdida sistémica de derechos.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas, en dialogo con Sonido Gremial, analizó su participación en la 114º Conferencia Mundial de la OIT, en la cual junto con él, participaron los principales dirigentes sindicales de la Argentina, en conjunto con gobiernos y empresarios del planeta.
La reforma laboral, bajo la lupa
El dirigente sostuvo que el conjunto de las modificaciones impulsadas por el Gobierno constituye «un ataque muy fuerte a la actividad sindical y a la existencia misma» de las organizaciones gremiales, al considerar que afectan simultáneamente el derecho de huelga, la negociación colectiva y la representación de los trabajadores/as.
«Creo que de conjunto es muy grave, porque ataca el derecho de huelga, afecta mucho a la negociación colectiva, limita la actuación de los delegados de base, prácticamente prohíbe el derecho a realizar asambleas y promueve sindicatos de empresa. De conjunto es un ataque muy fuerte a la actividad sindical y a la existencia misma«, afirmó.
La Justicia del Trabajo, otro frente de conflicto
Según explicó, la modificación normativa no sólo alteró el procedimiento laboral sino que eliminó la Justicia Nacional del Trabajo, situación que considera parte de una ofensiva más amplia.
«La reforma laboral eliminó directamente la Justicia Nacional del Trabajo y modificó hasta el procedimiento laboral. Estamos planteando una defensa de la Justicia Nacional del Trabajo porque entendemos que hay un ataque con un sesgo ideológico muy claro«, consideró.
No obstante, también formuló una autocrítica hacia el propio Poder Judicial.
«Vemos que la propia Justicia Nacional del Trabajo no está llevando adelante una autodefensa muy eficaz. En muchos casos pareciera que están tratando de sobrevivir individualmente y esto requiere una acción mucho más decidida de todos los sectores comprometidos con la defensa de la Justicia del Trabajo«, concluyó.
Derecho de huelga y negociación colectiva
Para Cremonte, el aspecto más urgente del escenario actual es la ampliación de las actividades consideradas servicios esenciales, medida que, según sostuvo, busca restringir el ejercicio del derecho constitucional de huelga.
«En lo inmediato, la limitación del derecho de huelga mediante la ampliación de los servicios esenciales tiene la clara finalidad de prohibir las medidas de acción directa o, en su caso, sancionar a los gremios que igualmente las lleven adelante«, explicó. El dato lleva a pensar en la multa que recientemente recibieron gremios del Transporte como La Fraternidad, de alrededor de 21 mil millones de pesos, o bien la UTA.
A ese panorama sumó otro elemento que considera especialmente delicado: la convocatoria realizada por la Secretaría de Trabajo para renegociar convenios colectivos en un contexto que, según describió, deja a las organizaciones sindicales en una posición de debilidad.
«Los sindicatos llegan a esa negociación con la posibilidad de que la autoridad administrativa suspenda homologaciones, lo que implica una presión conjunta con las cámaras empresarias que hace que la negociación sea cuesta arriba«, advirtió.
El resultado de la OIT
Sobre la participación argentina en la Conferencia Internacional del Trabajo, Cremonte consideró que el balance fue favorable para el movimiento sindical argentino, ya que destacó que el país quedó incluída en la denominada «lista corta» de casos observados por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y recibió un llamado de atención vinculado al sistema de inspección laboral.
«Nuestro país recibió un llamado de atención incluso respecto de la reciente reforma laboral. La cuestión analizada fue el desmantelamiento del sistema de inspección del trabajo y quedó intimado a informar antes del 1° de septiembre los avances que existan sobre ese servicio«, señaló.
Un escenario internacional desfavorable
El referente argentina en materia de derecho laboral describió un fuerte desequilibrio entre trabajadores y sectores empresariales. «Hace varios años que el panorama global está muy desequilibrado. El poder de los empresarios del mundo, incluso junto a muchos gobiernos que están a su servicio, coloca a los trabajadores en una desventaja absoluta«, sostuvo.
Sin embargo, encontró un aspecto alentador en la reciente opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia, que reconoció que el Convenio 87 de la OIT comprende el derecho de huelga.
Para el laboralista, esa definición «puede ayudar al movimiento sindical internacional a pensar estrategias un poco más confrontativas«.
