🔵El presidente de la ALAL expuso en la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en Ginebra y advirtió sobre un “retroceso al siglo XIX” en materia laboral en la Argentina. También cuestionó la intervención de la UOM y la criminalización de la protesta social🔴
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas -ALAL-, Matías Cremonte, denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en la Argentina “existe una preocupante convergencia de los tres poderes del Estado en contra de la acción sindical”, en el marco de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en Ginebra, Suiza.
Durante su intervención en la sesión plenaria, Cremonte sostuvo que el país atraviesa “uno de los retrocesos más profundos de América Latina” a partir de la reciente aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, reclamó a la OIT que adopte posiciones en “defensa de la libertad sindical, los derechos laborales y las libertades democráticas”.
“A la limitación de la actuación de los delegados gremiales y al derecho a hacer asambleas se suma la criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones, particularmente de trabajadores jubilados que reclaman frente al deterioro de sus condiciones de vida”, expresó el abogado laboralista. Además, apuntó contra las sanciones aplicadas a sindicatos como la UTA y La Fraternidad “por el ejercicio de legítimas medidas de acción sindical”.
Cremonte también cuestionó el rol del Poder Judicial y afirmó que “se avanza sobre la democracia sindical mediante decisiones que desconocen la voluntad de los trabajadores”. En ese marco, calificó como “uno de los hechos más graves registrados en los últimos años” la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), al considerar que representa “una injerencia incompatible con los principios de libertad y autonomía sindical”.
Respecto a la denominada Ley de Modernización Laboral, el titular de la ALAL aseguró que “es en rigor un verdadero retroceso al siglo XIX, que solo beneficia a los empresarios, aumentando su rentabilidad a costa del salario”. Asimismo, advirtió que la normativa “perforó incluso el piso del Convenio Nº 1 de 1919, permitiendo jornadas diarias de 12 horas o más”.
Finalmente, Cremonte amplió su análisis al escenario regional y mencionó las reformas laborales en distintos países de América Latina. Señaló que en Perú “se resiste en las urnas el retorno del fujimorismo”, mientras que cuestionó las condiciones laborales en Ecuador y la reinstauración de la Ley de Empleo por Hora en Honduras, a la que vinculó con modalidades de contratación “orientadas exclusivamente a garantizar mayor explotación”.
