🔵Por Pablo Flores, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos –AEFIP-🔴
Lo primero que tenemos que decir es que, como ocurrió con otros anuncios, este también está atravesado por un sesgo ideológico y de confrontación política. El proyecto de ley no contempla solamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
La modificación de la Carta Orgánica del BCRA fue presentada bajo el objetivo de preservar el valor de la moneda, algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo. Sin embargo, el valor del peso no se preserva solamente mediante un Banco Central autárquico, sino también a través de otros instrumentos de política económica, y mucho menos puede lograrse en un escenario de elevado endeudamiento externo.
Decimos que existe un componente ideológico y político porque se habla de terminar con 91 años de historia, pero inmediatamente se remite a la modificación de 2012. Al mismo tiempo, se descalifica la creación del Fondo del Bicentenario de 2010, destinado a cancelar deuda externa, calificando como un robo la utilización de reservas para ese fin. Es decir, se ratifica el ajuste para pagar deuda.
La eliminación de las transferencias de utilidades contables y de los dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera, junto con la conversión de una reserva técnica, implica —si se establece una entidad autárquica en los términos planteados por el proyecto— privar al Estado de fondos genuinos para cancelar deuda. Esto se encuentra en línea con lo señalado anteriormente.
También resulta preocupante el blindaje institucional del directorio, ya que para remover al presidente y a los directores del BCRA se requerirá una mayoría calificada de dos tercios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto significa, ni más ni menos, preservar la ortodoxia liberal, como sucede con el Banco Central de Perú, con las consecuencias sociales que conocemos.
Otro aspecto del proyecto que genera preocupación es la incorporación, al estilo de la legislación de Estados Unidos, de un mecanismo que nunca fue aplicado bajo ningún gobierno ni régimen en nuestro país: el “shutdown” o paralización de las actividades del Estado.
En la alocución presidencial se lo mencionó como un “grillete fiscal”, entendido como la imposibilidad de aprobar o sostener un presupuesto con déficit. Si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal fuera deficitario y el Congreso no restableciera el equilibrio de las cuentas públicas, se aplicaría el mencionado “shutdown”, también conocido como “cierre del Estado”.
No menos importante fue el anuncio de la liberalización del mercado de seguros. La experiencia ha demostrado que este tipo de medidas, más allá de una pretendida mayor competencia, termina traduciéndose en aumentos en los precios de las pólizas. En ninguno de estos anuncios encontramos medidas dirigidas a reactivar la economía ni mejoras orientadas a revertir el deterioro sostenido de los ingresos reales de la población.
