🔵La Secretaría de Acción Social de la Confederación de Trabajadores del Transporte alertó sobre la fragilidad financiera del sistema solidario de salud y los posibles efectos de la habilitación de seguros con cobertura prestacional🔴
La Secretaría de Acción Social de la CATT, a cargo de Mariano Vilar, elaboró dos nutridos documentos en los que analizó la duira situación de las obras sociales sindicales y las modificaciones introducidas por la Superintendencia de Seguros recientemente. Para la organización.
Según los datos incluidos en el informe, al 31 de marzo de 2026 las obras sociales recibían una recaudación promedio de $67.525 por beneficiario, frente a un costo estimado del Programa Médico Obligatorio -PMO- de $85.000. La CATT también señaló, a modo complementario del informa de la CGT que diagramó una síntesis sobre el estado de situacion de las obras sociales, que el 78% de las entidades no recibe los recursos suficientes para financiar integralmente las prestaciones obligatorias, producto de la merma en los puestos de trabajo registrados, el piso a las paritarias impuesto por el Gobierno Nacional, hecho que impulsa una reduccion recaudatoria con el espejo muy por debajo de los índices de la inflación, por estos días cuestionada por la mayoría de las consultoras por su método de medición
Entre las distorsiones identificadas, el motorista naval y el equipo de especialistas de la confederación indicó que el aporte destinado a salud por cada monotributista rondaba los $20.000, frente a un PMO estimado en $85.000. Esta diferencia, sostuvo, aumenta la presión sobre las obras sociales, que deben garantizar las prestaciones obligatorias aun cuando los recursos recibidos resulten insuficientes para afrontar su costo real.
El documento relacionó este desequilibrio con la pérdida de más de 225.000 empleos formales, lo que representa la reducción de aproximadamente 750.000 personas entendiendo que cada una de esas personas que se quedan sin trabajo, se quedan sin cobertura pero al mismo tiempo para su grupo familiar, lo cual, además, tensiona aún más el sistema de salud pública, también inmerso en una situación de fragilidad. Este escenario sumó la caída del poder adquisitivo de los salarios y el incremento sostenido de los costos médicos, farmacológicos y prestacionales.
La CATT advirtió que la crisis ya se refleja en dificultades en la cadena de pagos, mayores tiempos de espera, restricciones en el acceso a determinadas prestaciones y la necesidad de que algunos sindicatos brinden asistencia económica a sus obras sociales. También reclamó revisar los mecanismos de redistribución y mejorar la articulación financiera y administrativa con prestadores y hospitales públicos.
La organización expresó su preocupación por la Resolución 258/2026, que habilitó a las aseguradoras a comercializar seguros de salud mediante redes de prestadores y permite contemplar exclusiones por enfermedades preexistentes. Si bien reconoció que estos productos podrían ampliar las opciones disponibles, alertó que también pueden consolidar coberturas limitadas y promover una nueva segmentación según la edad, el estado de salud y el nivel de utilización de los servicios médicos.
Uno de los principales riesgos identificados por la organización del Transporte es que las personas jóvenes, sanas y con menor necesidad de atención encuentren en estos seguros una alternativa más económica que los planes superadores ofrecidos dentro de las obras sociales, pero lo que también generaría una destrucción paulatina y sistematica del tejido de coberturas y una merma en la atención sanitaria solidaria.
También planteó interrogantes sobre la coordinación institucional de la medida. En particular, preguntó si la habilitación de estos seguros forma parte de una política sanitaria integral o si se trata de una decisión adoptada exclusivamente dentro del ámbito asegurador, sin una articulación explícita con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud.
Por ultimo, reclamó que cualquier cambio regulatorio preserve los principios de solidaridad, universalidad, equidad y sustentabilidad, sin comprometer el financiamiento de las obras sociales sindicales ni el acceso efectivo a la atención médica de los trabajadores y sus familias.
